Publicado en Minuto Crucial el 05/05/2026
El PSOE ha iniciado la campaña para las
elecciones autonómicas andaluzas del 17 de mayo de 2026 con María Jesús
Montero, ex ministra de Hacienda y ex vicepresidenta primera del Gobierno, como
candidata a la presidencia de la Junta. El acto central de arranque
tuvo lugar el 30 de abril en Granada, donde Montero, arropada por el cantante
Miguel Ríos, comprometido históricamente con el PSOE pese a los casos de
corrupción del partido en su tierra, transmitió un mensaje de “alegría” y
reivindicó una “Andalucía progresista”. Al día siguiente, 1 de mayo, participó
en la manifestación de Málaga junto a Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez
Zapatero, integrando el Día del Trabajo y el comienzo de la campaña.
La estrategia socialista se centra en la
defensa de los servicios públicos, especialmente la sanidad. Montero
presenta las elecciones como un referéndum entre dos modelos: el PSOE como
garante de lo público frente al PP de Juan Manuel Moreno, al que acusa de
recortes y deterioro sanitario. Promete garantizar atención en atención
primaria en un máximo de 48 horas y revertir el supuesto colapso.
Olvida a propósito que fue consejera de
Salud durante nueve años (2008-2017 aproximadamente), periodo en el que se
recortaron 1.500 millones en inversión entre 2009 y 2013, se precarizó el
empleo (según el sindicato SATSE) y se manipularon las listas de espera.
Como contraste, la inversión sanitaria ha crecido desde los 9700 millones de
2018 a 16.200 de 2026, con unas listas de espera que sí deberían haber mejorado
y aún no lo han hecho. También olvida que su modelo en otros lugares que
gestionan los socialistas, como Cataluña, es absolutamente diferente a lo que
defiende en Andalucía. En Cataluña hay sólo 8 hospitales públicos de gestión
pública y 60 también en el sistema público pero de gestión privada, justo lo
que critica del Gobierno de Juanma Moreno. Y contra eso no hay ni un reproche,
en un ejercicio de hipocresía mayúsculo.
Los sondeos para Montero son claramente
desfavorables. La media sitúa al PP de Moreno en el 42-43% de los votos, cerca
de la mayoría absoluta (53-57 escaños de 109). El PSOE obtendría entre
el 23-26%, lo que se traduciría en 27-29 diputados, por debajo de los 30 de
2022, su peor resultado histórico. Algunas proyecciones internas lo
sitúan en 25-27 escaños. Vox se consolidaría como tercera fuerza (13-15%),
mientras la izquierda fragmentada tendría peso limitado.
La idoneidad de Montero como candidata genera
debate. Sus defensores valoran su trayectoria como consejera de Sanidad y
Hacienda, su formación médica (aunque su plaza es administrativa) y experiencia
nacional. Sin embargo, muchos la ven como continuidad del sanchismo,
asociada a la corrupción, cesiones a los separatistas y al incumplimiento de
presentar presupuestos generales del Estado durante tres años. Su
perfil nacional podría alejarla de un electorado andaluz que valora la gestión
económica y estable de Moreno. Algunos sectores del PSOE-A ven su designación
como imposición de Ferraz aunque no se espera ninguna voz crítica, al menos de
momento.
El 1 de mayo, UGT y CCOO celebraron su
manifestación central en Málaga, destacando la crisis de vivienda por el
turismo. Miles de personas reivindicaron salarios, vivienda asequible
y protección de servicios públicos. Las críticas de los líderes sindicales
(Unai Sordo y Pepe Álvarez) se dirigieron principalmente contra el Gobierno
autonómico del PP (especulación, fondos sin ejecutar), más que contra el
central de Sánchez.
La presencia de Yolanda Díaz y Montero en la
cabecera dio un claro tono político. Esta asimetría no es casual. Los
sindicatos mantienen una relación estrecha con el PSOE. El Gobierno de
Sánchez ha multiplicado las subvenciones: de 8,9 millones anuales en 2018 a 32
millones en 2025 (casi cuadruplicar), más otras ayudas, superando los 100
millones en total desde 2018. Principalmente benefician a CCOO y UGT.
En resumen, todo está relacionado: la
manifestación en precampaña, el foco crítico en el PP autonómico y la
financiación a sindicatos configuran afinidades evidentes. La
asociación PSOE-sindicatos es una UTE movida por intereses mutuos
exclusivamente financieros. El PSOE afronta una campaña difícil, con una
candidata que capitaliza la sanidad pero arrastra la fatiga del sanchismo.
El resultado del 17-M dependerá de si los votantes ven en ello una defensa real
o un entramado que no resuelve sus problemas cotidianos de vivienda, salarios y
servicios públicos.
El futuro parece complicado y se avecina un
batacazo como el de otra exministra, Pilar Alegría, en Aragón. Si esto
se confirma, quizá pasemos de 36 años de socialismo en Andalucía a otra etapa
similar del PP, como ya sucede en otros lugares, Galicia, Castilla y León o
Madrid, donde los populares aceleraron hace mucho y ven al PSOE muy lejos por
el retrovisor.
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