Publicado en Minuto Crucial el 20/11/2020.
Decía el director de cine Cecil B. DeMille que las películas deben empezar con un terremoto y, de ahí en adelante, ir ganando intensidad.
Pues empecemos: sobre
el asunto de la inmigración ilegal, no me importa absolutamente nada lo que
digan los tratados internacionales ni las instituciones europeas. Y soy
partidario de incumplir los que haga falta porque la situación se va a volver
desesperada si no lo hacemos ya.
Esos tratados fueron firmados generalmente por gordos septuagenarios buenrollistas
con un amplio complejo de culpa, provenientes de países que en el pasado se
dedicaron a utilizar África como finca particular. Y de ahí se ha pasado al
extremo contrario: para expiar esas culpas, sólo les faltó otorgarles en esos
documentos huecos a todos ellos la nacionalidad europea por el simple hecho de
pedirla.
A partir de ahí, prosigamos. Desde 1950, la población europea ha pasado de 550 a 740 MM de
habitantes. La africana, de 223 a 1187 MM. Imaginen esa proyección a 40 años
vista.
Decía yo la semana pasada que tenemos de conformar en España
y en Occidente una democracia armada contra sus enemigos. Y armada no sólo con
gestos amplios, palabras huecas, mesas de diálogo inútiles y contemporizaciones
banales, sino armada con lo que sea necesario. Incluso con armas, de esas de
las que dice Rufián que no debemos gastar más dinero en ellas.
Lo que estamos viviendo en Canarias, como en la costa
mediterránea, Ceuta y Melilla no es algo asumible. Y no hablo de si las personas que vienen lo hacen por huir de guerras,
del hambre o de dictaduras. Es que, en verdad, es indiferente. Sean los motivos
que sean, no es posible admitir a todo el que quiera venir y esa es una verdad
incuestionable. Y seguramente hay dramas personales tras muchos de esos viajes
pero las matemáticas son muy tozudas y en un país de 47 MM de personas no caben
1187.
El Tribunal Constitucional acaba de admitir las llamadas
“devoluciones” en caliente, lo que debería ser suficiente para empezar a tomar
medidas mucho más duras contra los que llegan ilegalmente a España y contra las
mafias que los traen. Pero también contra los que desde España se organizan
para fomentar el “efecto llamada”, asociaciones de todo tipo que se valen de
subvenciones de todas las administraciones para hacer más atractivo a los
extranjeros el incumplimiento de la Ley. Saben que a su llegada les esperan con
los brazos abiertos, prestos para organizarles un vida mejor a costa de los
impuestos de los demás.
Para empezar, deberíamos llamar a las cosas por su nombre. No son “migrantes”, son delincuentes. Si
a mí me encuentran en Mali, Nigeria, Camerún o Guinea sin documentación, dudo
mucho que haya asociaciones dispuestas a facilitarme la vida preguntándome por
qué huyo de España. Lo más probable sería encontrarme con una mazmorra y una
deportación fulminante.
Pues hay que empezar a actuar ya en seis actuaciones
simultáneas.
1.- Expulsión
inmediata de los extranjeros de los cuales se sepa su nacionalidad y su
país la admita, en cumplimiento de esa sentencia del Tribunal Constitucional.
Estrategia española y europea para forzar a esos países a impedir la emigración
y a aceptar la devolución bajo pena de graves sanciones para sus dirigentes.
2.- Internamiento en
campamentos militares del resto de ilegales hasta que sea posible su
deportación, dure el tiempo que dure y sin ninguna posibilidad de inserción en
una sociedad a la que han llegado de forma ilegal. No es admisible la
pretendida integración en nuestra sociedad de alguien que comienza por saltarse
nuestras leyes de entrada. Con atención
humanitaria, por supuesto, pero sin ningún tipo de privilegios, al contrario de
lo que sucede ahora, cuando algunas ONG’s hasta les facilitan teléfonos
móviles. Estos internos estarían bajo
custodia judicial, evidentemente, pero sin intervención ninguna de ONG’s.
Estarían tan sólo supervisados por instituciones españolas o europeas.
3.- Expulsión
inmediata de los extranjeros que residan legalmente pero que sean condenados
por determinados delitos a penas inferiores a un año de prisión. Para
condenados que superen esa pena, expulsión inmediata tras el cumplimiento de la
misma. Esto está previsto en nuestras leyes ya de forma parecida, por lo que no
es algo novedoso, pero es que apenas se cumple.
4.- Inclusión de todos ellos en una lista para no ser
admitidos JAMÁS en España. Quien no
quiere cumplir nuestras normas, no merece la oportunidad de estar entre
nosotros.
5.- Fomentar la
llegada de inmigrantes LEGALES que deseen cumplir nuestras normas y respetar
nuestras costumbres. Serán bienvenidos y deben ser respetados.
6- Vigilar la educación de sus hijos para que sea de modo
muy distinto a lo que sucede en muchas ocasiones. Es inadmisible que muchos de
los atentados islamistas cometidos en Europa los hagan hijos de inmigrantes nacidos
y criados aquí. Se debe prestar especial seguimiento y, si fuera necesario,
prohibición a las manifestaciones religiosas que fomenten el odio, la
discriminación de la mujer o se muestren crítica con los derechos que tenemos
en Occidente como fundamentales, como es el de la libertad de expresión. No es tolerable que personas que vienen de
regímenes teocráticos y fundamentalistas quieran imponerlos aquí.
Esto es lo que debería hacerse en España y en toda Europa si
queremos sobrevivir. Si queremos que nuestras conquistas sociales y derechos
sobrevivan. Las fatales consecuencias de no hacer esto ya las están padeciendo
Europa desde hace años. Desde Suecia hasta Gran Bretaña, pasando por Austria,
Holanda o Francia. Y Turquía nos chantajea para que no nos arroje 2 millones de
sirios que acoge en su territorio con dinero europeo.
En definitiva, no podemos quedarnos de brazos cruzados
porque, de seguir así, dentro de poco las leyes no las podremos ya cambiar
nosotros sino ellos.
Cada año se suicidan
en España 4000 personas pero, a este paso, nos suicidaremos colectivamente los
47 millones de españoles y los 700 de europeos. Y para eso falta mucho menos de lo que parece.