CAYETANA Y EL GRISÚ

En la minería de carbón del siglo XIX y principios del XX se usaban animales, especialmente canarios, para advertir sobre la presencia del peligroso gas grisú, una mezcla de metano y dióxido de carbono, tan mortal como invisible e inodora. Como este gas es más pesado que el aire, se ponían los canarios en el suelo y si morían era la señal de que había que salir corriendo porque el ambiente se ponía irrespirable.

Cayetana Álvarez de Toledo ha sido durante los últimos dos años mi canario en el Partido Popular. Como Albiol y, en menor medida, como Iturgaiz. Hubo otros, como María San Gil, que notaron pronto ese gas.

Con ellos ahí, personas como yo o como Rosa Díez, por ejemplo, hemos confiado en que el PP podría haber superado sus miedos y autolimitaciones para abordar, ahora sí con valentía, los asuntos de Estado. Desde nuestras diferencias, porque no estamos en la misma línea política, algunos hemos visto que en ciertos asuntos el PP estaba ahora por la labor de dar la batalla al extremismo que nos amenaza, en lugar de meter la cabeza bajo el ala, como hiciera Rajoy.

Craso error, el nuestro y el de muchos más.

El poder paga bien a los suyos. Los dos partidos principales desde la Transición se han encargado de centrifugar a los llamados “versos sueltos”. Por no hablar de la corrupción, claro. En el PSOE expulsaron a Pablo Castellano en 1987 por denunciar corrupción interna. Desde entonces, docenas de condenas han manchado al partido del puño y la rosa, entre ellas la de los ERE, la mayor condena por corrupción jamás impuesta en España. En el PP no necesitaron expulsar a nadie porque su selección de personal era mucho más certera: sólo subían los incondicionales y han tenido muy pocas denuncias internas, por no decir ninguna. Sólo gente extravagante como Marjaliza o Marcos Benavent, el “yonqui del dinero”, que han cantado cuando ya se han visto tras los barrotes, pero nadie desde dentro había advertido de nada de aquello públicamente.

Pero, sin necesidad de tocar temas monetarios que han dado para varios libros, tanto PP como PSOE mantienen una estructura férrea donde sólo está permitido el aplauso al jefe y lo demás se considera, como bien le ha dicho Casado a Álvarez de Toledo, “poner en cuestión la autoridad” del líder.

Los partidos instalados en el Congreso ahora no son la representación de un conjunto de personas con motivaciones políticas dispuestas a mejorar la situación de España, sino simples estructuras piramidales de poder, herramientas, muy subvencionadas por cierto, para alcanzar la cima y mantenerse. Y para eso no se necesitan librepensadores ni gente que diga la verdad, ni personas cultas, ni valientes… De hecho, estorban. Sólo se necesita obediencia. No quieren a nadie que le recuerde a su líder que es mortal.

Hace un tiempo se habló de la posibilidad de que Feijóo optara al puesto de Presidente del PP. El gallego no ha necesitado hacer eso personalmente y tiene todo atado y bien atado en Madrid. Para qué complicarse la vida cuando ya tiene en Génova a un propio para estas cosas.

El cese de Cayetana recuerda por fuerza a la salida de Rosa Díez del PSOE de Zapatero en 2007. No es casual que ambos hechos hayan sido por las mismas razones: el abandono por parte de sus partidos de sus ideas tradicionales, el acomplejamiento acomodaticio, el miedo a la opinión publicada, el dejarse llevar por una corriente progre y el acoso que ambas sufrieron desde las estructuras de su propio partido durante meses por parte de los genuflexos y de los que esperan la galleta y la palmada en la espalda del líder. Y la recompensa en forma de prebenda.

Ha ganado lo gris, lo acomodaticio, lo cobarde, lo vulgar. Incluso lo zafio. Han triunfado los templadores de gaitas, los marianistas que tanto mal han hecho a este centro derecha de cartón-piedra que demostró todo lo que sabe hacer en aquella aplicación acomplejada del art. 155 en Cataluña, que no sólo no sirvió para nada, sino que agravó la situación que, en teoría, pretendía remediar.

A Cayetana la ha cesado el dúo Sánchez-Iglesias en connivencia con los marianistas, la quinta columna de la socialdemocracia del PP, a la que siempre ha aludido Esperanza Aguirre y de cuyas afirmaciones se reían muchos. Casado sólo ha ejercido de portavoz de todos ellos.

Esta maniobra ha sido como si los británicos hubieran preferido en 1940 cesar a Churchill para poner a Chamberlain.

Con el cese de Cayetana no sólo ha perdido el Partido Popular, hemos perdido todos los que amamos España, las libertades individuales, la dignidad, la verdad y el verbo ágil, certero y valiente en el Congreso.

La última cobardía del PP es la de no apoyar a Cayetana con el recurso que ésta ha presentado ante el Constitucional contra el borrado de sus palabras de la sesión del Congreso en la que dijo que el padre de Iglesias era un terrorista. Y la última bajeza, la de pretender comprarla ofreciéndole la presidencia de una fundación.

Con Cayetana, a todos se nos ha muerto el canario del Partido Popular. Ahora sabemos, sin lugar a dudas, que el grisú ha vuelto, si es que alguna vez se fue, a la sede de Génova a hacer el ambiente irrespirable para la libertad y para la necesaria batalla de las ideas y de la cultura, como bien ha denunciado la ahora cesada.

El PP nunca se ha merecido a Álvarez de Toledo. Ni a nosotros.

Publicado en minutocrucial.com el 19/8/2020

PODEMOS ES INOCENTE

(Publicado también en minutocrucial.com)

Claro que lo es. Inocente, como todos, hasta que se demuestre lo contrario. Es inocente porque en España las culpabilidades no las deciden los gobiernos ni los diputados, sino los tribunales.

Por fortuna, tenemos un Estado que no ha sido diseñado por un régimen comunista, como esos en los que la decisión del líder basta para ir a un campo de concentración o para ser asesinado aun después de rendirse, como le sucedió a Óscar Pérez en Venezuela. Un Estado en el que hay libertad de prensa y la existencia de medios privados no ataca la libertad de expresión, al contrario de lo que aseguraba Iglesias en su época abiertamente chavista.

Tenemos también un Estado garantista en el que hacen falta pruebas para condenar a alguien, al revés de lo que se está haciendo con el Rey Juan Carlos, en un movimiento instigado desde filas podemitas y nacionalistas, cuyas sentencias se pueden recurrir a diferentes niveles.

De lo que sí es culpable es de aumentar el extremismo en la política española, de tensionar la sociedad. Es culpable de subirse a lomos del zapaterismo bobo y engolado, adelantándolo por la izquierda, y de crispar la sociedad hasta niveles no vistos ni siquiera en los primeros años de la Transición. Tanto es así que ha procreado también en el PSOE, donde hay podemitas camuflados tan renombrados como Adriana Lastra o Ábalos, que lo mismo se fotografían con Bildu que le llevan las maletas a una ministra bolivariana, siempre con el peculiar estilo ácido y zafio en sus intervenciones de cualquier dirigente morado.

Desde que Podemos anidó en la política española, ahora en compañía de “nazionalistas”  y socialistas, se busca el revisionismo, el enfrentamiento continuo, el señalamiento y la subversión callejera.

La hoja de ruta es bien sencilla: primero, diferenciar; segundo, enfrentar; tercero, separar y, cuarto, reprimir.

Empiezan diferenciando en eso tan simplón como “los de arriba y los de abajo”, la casta y la gente, nosotros y ellos. Eso es política de garrafón, antipolítica. Pensamientos simples para receptores simples. Dejo para otro día lo de la transmutación de denunciantes de la casta a multimillonarios privilegiados.

El paso lógico siguiente es enfrentar. Los de abajo son los oprimidos y deben “asaltar el cielo” en el que habitan los de arriba, exacta y literalmente como sucede en la película “Elisyum”, en la que los pobres viven en la Tierra y los ricos en una estación espacial a la que aspiran a invadir los anteriores. El mensaje de Iglesias de “ya es hora de que el miedo cambie de bando” es exactamente eso: crear el odio necesario para hacer explotar los enfrentamientos e infundir miedo. Y de ahí los escraches a Rosa Díez, Cristina Cifuentes, organizadores de un homenaje a Cervantes en Barcelona o la persecución al Juez Llarena y su familia. Se trata de eso, de crear pánico entre la gente de bien para retorcer el brazo de la Libertad y la Justicia.

El tercer paso es separar, de ahí la alianza con los nacionalistas. Aquí han colaborado también el PSOE y el PP por su complicidad e inacción, no necesariamente siempre en ese orden. La voladura del Estado del 78 pasa por exacerbar las diferencias de todo tipo e inventarse otras. Los dos grandes partidos se lo pusieron fácil. Los términos “hecho diferencial”, “lengua propia” o “derechos históricos” tolerados por esos partidos han sido utilizados por Podemos para pedir abiertamente una república plurinacional (también la pide el PSOE en sus estatutos) y reconocer un derecho inventado, como el de la autodeterminación, derecho que ya llegan a pedir hasta para Andalucía en el colmo del absurdo.

Y después de separar, si algún día lo consiguen, vendrá la represión. Imaginen ser un castellanohablante en una Cataluña independiente. O que en un País Vasco también independiente quisieran fundar un partido que pida la reunificación con el resto de España. No vivirían mucho.

Con esta antipolítica se ha polarizado el voto y fomentado la abstención de la gente que huye de opciones asalvajadas. Con el etiquetaje de “veletas” o “chaqueteros” a los partidos de centro, se ha conseguido acomplejar a sus votantes en medio de una sociedad que ignora del todo para qué sirve un partido de centro, que han demostrado muchas veces su utilidad en el resto de Europa. Los que estamos ahí situados sabemos que ese electorado está entre avergonzado, impotente y atemorizado.

Con la alfombra roja puesta por la acción insidiosa de Zapatero y la inacción tancredista de Rajoy, el podemismo ha parasitado con éxito. En algunos lugares, como Galicia, ya se están deshaciendo de ellos, pero también a costa de aumentar el nacionalismo, que es una de sus caras.

Con esa nada brillante hoja de servicios de Podemos, lo de menos es si en la causa abierta por el juez Escalonilla serán declarados culpables o inocentes. Sinceramente, daría igual. El daño ya está hecho.

Eso es una anécdota en medio del perjuicio mayúsculo que el podemismo, en sentido extenso, está haciendo a España y a los españoles. Una España que haría mejor en huir de extremos y volver a la sensatez del centro, lejos de la barbarie y la confrontación y cerca de la colaboración y el apoyo mutuo, tan necesarios para los retos que tenemos por delante.

A VUELTAS CON LA "OKUPACIÓN" EN LA POBLA DE VALLBONA

En el último Pleno municipal  del ayuntamiento en donde vivo, La Pobla de Vallbona, Valencia, se ha aprobado por unanimidad una moción de Ciudadanos para combatir la ocupación ilegal, sobre la base de la propuesta que han presentado en el Congreso.

Como decimos, se ha aprobado por todos los partidos pero el voto de varios de ellos ha sido con la boca pequeña. Ha sido un “sí, pero…”. Dice una máxima que todo lo que hay en una frase antes del “pero” hay que considerarlo como no dicho. Y aquí funciona a la perfección.

No me parece correcto diferenciar la actitud ante las infracciones a la Ley según quien sea el infractor. Y mucho menos, según quién sea la víctima. Pero, claro… ¿de qué nos extrañamos? Eso mismo exactamente es la Ley de Violencia de Genero: una norma legal que trata de forma distinta a unas y a otras víctimas de la violencia intrafamiliar. Ley promovida por los mismos que se muestran reticentes a cualquier cambio en esta materia de la vivienda.

En UPYD tenemos en nuestras propuestas políticas la siguiente:

“Se promoverán las modificaciones legales suficientes para luchar contra la ocupación ilegal de inmuebles, haciendo que el desalojo tenga carácter inmediato cuando no se pueda justificar la misma por título documental alguno, teniendo estas actuaciones carácter preferente en los Juzgados de Guardia. Todo ello acompañado, cuando proceda, de la simultánea intervención de los Servicios Sociales.

Algunos de los concejales de diferentes partidos se han permitido enumerar en el pleno distintos tipos de ocupaciones ilegales para dar algo parecido a una justificación a unas frente a otras.

En UPYD consideramos que si alguien ocupa una vivienda sin título legal, debe ser expulsado “ipso facto” y luego, si lo desea, que solucione la controversia en un juzgado, pero la posesión de la vivienda debe ser entregada al titular al instante. Casi todas las “okupaciones” acaban con el destrozo de la vivienda y robo de enseres así que todo lo que no sea eso es un error.

El señor alcalde, de Compromis, se permite recordarnos el artículo 47 de la Constitución. La misma Constitución, por cierto, a cuyos actos de conmemoración en diciembre en el Congreso no asiste su partido.

Pero resulta que ese artículo dice exactamente: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.”

Lo que no pone por ninguna parte es que ese derecho tenga que ser gratis y, ni mucho menos, a costa de otro ciudadano, sea particular, empresa, banco o cualquier otro.  De modo que, aún en el caso de un alquiler impagado por una familia honrada que tiene problemas laborales, por ejemplo, el que NUNCA es responsable de ello es el propietario, sea éste quien sea y tenga sus cuentas saneadas o no. El propietario es siempre víctima, sea cual sea su identidad y situación. Porque en esa diferenciación subyace la aversión de la izquierda por empresas propietarias de inmuebles, algunas de ellas, como los bancos, muy a su pesar y que colaboran en lo posible para buscar siempre soluciones.

El derecho a la propiedad es absoluto y no debe relativizarse según la situación económica de cada propietario.

Por supuesto, se ha resaltado en el Pleno la escasez de competencias en la materia de los Ayuntamientos, algo evidente. Pero también resulta que, como decía mi padre a menudo, hace más el que quiere que el que puede. Son muchas las formas que tiene un Ayuntamiento de demostrar a los okupas que no son bienvenidos y de ayudar a los propietarios y a los vecinos. Algunas se van a tomar, dicen. Prevemos que serán insuficientes.

En España falta vivienda social. En UPYD también tenemos propuesta en ese sentido:

“Respecto a la vivienda pública, UPYD propone dinamizar el mercado del alquiler, de manera que el dinero público destinado a promoción de vivienda se dedicará de modo exclusivo a  esta modalidad y garantizando la protección jurídica tanto del arrendador como del arrendatario.”

Ahora, deprisa y corriendo, en esta localidad quieren crear una bolsa pública de alquileres pidiendo la colaboración de los ciudadanos, puesto que serían viviendas privadas.

Hace muchísimos años que una parte del presupuesto debería haber ido a tener viviendas en propiedad para este fin, tanto en las administraciones autonómicas como locales. En lugar de eso, se mantienen, por ejemplo, infinidad de subvenciones a asociaciones de dudosa utilidad y muy poco dudosa afección al poder municipal. También se ha aumentado esta legislatura los sueldos de los concejales. Medida que, por cierto, no figuraba en el programa de ninguno de los partidos que así lo han decidido.

Confío poco en que los mismos partidos que se muestran en redes sociales, en medios de comunicación, en el Congreso y también en los plenos municipales benevolentes con estas ilegalidades tomen en consideración cambiar las leyes de la forma necesaria. Se quedarán a medio camino, como casi siempre. No olvidemos que los partidos actualmente en el Gobierno tienen a Ada Colau como referente en esta materia.

Como digo, no tengo ninguna confianza. Hagan lo que hagan, llegarán tarde y mal.