EL GOLPE QUE VIENE.

Publicado en Minuto Crucial el 16/10/2020.

La independencia judicial es una de las garantías de un Estado de Derecho. Debería decir que es la mayor y de la que depende que existan las otras. En España, el órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, se encuentra hoy con que el mandato de sus vocales está caducado.

Para su renovación, la Ley Orgánica 6/1985 regula que son necesarios los votos de 3/5 de las Cortes por lo que, con la actual composición, el Gobierno tiene que contar con el principal partido de la oposición.  L opinión pública alejada de estos pormenores si no fuera porque ahora el Partido Popular se niega a negociar con el Gobierno esa renovación en la que los partidos del Gobierno pretenden imponer sus candidatos. PSOE y PODEMOS se encuentran así con un CGPJ cuya mayoría tacha de “conservadora” porque fue conformada en acuerdos tomados cuando el Partido Popular estaba en el poder y tenía mayoría en las cámaras.

Además, su sistema de nombramiento no garantiza suficientemente esa independencia y así nos lo ha recordado repetidamente en los últimos 20 años el GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa). Hace depender excesivamente al Poder Judicial de otro de los poderes, el Legislativo. Y eso es algo que atenta de raíz contra esa pretendida independencia.

No es esto lo que les preocupa ni al Gobierno ni a la oposición. Si así fuera, habrían atendido las propuestas que llevó al Congreso UPYD en su día para reformar el sistema haciéndolo más independiente, permitiendo que los propios jueces tuvieran mayor responsabilidad en la elección de sus órganos de gobierno, que es justo lo que nos pide Europa. Otra propuesta democrática modernizadora más de UPYD despreciada por los dos grandes partidos. No es una novedad.

Para este Ejecutivo es muy importante controlar el CGPJ colocando a los suyos.  Hay por delante un horizonte judicial intenso, con la revitalización de los casos que afectan al propio Partido Popular pero también a Podemos y, por supuesto, todo el asunto relacionado con el independentismo catalán, que promete novedades importantes.

Por ello, el Gobierno se propone, en un acto que seguramente es un fraude de Ley, modificar la citada Ley Orgánica de modo que sea necesaria para la renovación tan sólo la mayoría absoluta. Así, nada más que serían necesarios los votos de PSOE, PODEMOS y los nacionalistas que apoyaron la investidura, incluido Teruel Existe... Se conformaría así un Poder Judicial controlado en exclusiva por los partidos de izquierda y nacionalistas.

La necesidad de controlar el Poder Judicial ya se vio pronto por parte del Gobierno en el asunto del “prusés” al ordenar a la Abogacía del Estado no considerar el delito de rebelión y dejarlo en sedición, sustituyendo a los abogados díscolos que no se prestaron a la maniobra. Y, por supuesto, en el nombramiento de su ministra de Justicia, Dolores Delgado, como Fiscal General de Estado. No es frívolo citar que la pareja de Delgado es Baltasar Garzón, juez condenado y expulsado de la carrera judicial por prevaricación y dedicado a trabajar en la esfera internacional. Entre sus clientes están Hervé Falciani, Julian Assange, un millonario ruso acusado de blanqueo, Evo Morales y varios magnates venezolanos del petróleo.

No olvidemos que las modernas tiranías de izquierdas hoy saben que necesitan revestirse de un halo de “legalidad” para justificarse. Así movilizan a su favor a gran parte de la opinión pública en sus propios países y en el resto de democracias occidentales, dificultando las posiciones contrarias de gobiernos más pendientes de no disgustar a esa opinión pública que de hacer prevalecer la democracia en todas partes. Por eso, por ejemplo, asistimos en Venezuela a trapisondas legales para constituir asambleas legislativas y tribunales paralelos a los constitucionales, vaciando a estos de contenido, ilegalizándolos y nombrando nuevos cargos desde unas pretendidas normas legales. La fuerza bruta le sería más expeditiva a Maduro pero con ella perdería de golpe la poca legitimidad que le pudiera quedar.

Pues eso le pasa a Sánchez. Necesita la Ley para sortear la Ley. Ha hecho suya, curiosamente,  la máxima de Torcuato Fernández Miranda (“De la Ley a la Ley”) que sirvió para hacer la Transición y la aplica él ahora en su propio beneficio.

Por ello, si el Tribunal Constitucional no lo impide, estamos ante un cambio en los miembros de CGPJ que les permitirá a Sánchez y a Iglesias constituir las bases de su república.

Porque ese es el fin último de su labor en el Gobierno y lo pretenden alcanzar de dos maneras. La primera es agitando las calles creando un clima contrario a la monarquía y para eso en Podemos se han puesto a ello desde el primero hasta el último, sumándose a los partidos nacionalistas. Colaboran también maniobras no tan ostentosas pero si continuas de Sánchez, como impedir al Rey asistir a la recogida de despachos de los jueces en Barcelona. La segunda manera, y paralela a la otra, es recurriendo, como decía, a la Ley de forma torticera.

Los informáticos llaman “back door”, puerta de atrás, a determinadas brechas de seguridad en un programa, debidas o no a errores de programación, que permiten saltarse las barreras y acceder al sistema para hacer cualquier cambio. Pues bien, nuestra Constitución tiene una puerta de atrás muy importante.

El artículo 168 de la misma indica que el procedimiento para hacer modificaciones sustanciales supone la aprobación de esos cambios por mayoría de 2/3 en las Cortes, disolución de las mismas, aprobación de la reforma por las nuevas Cortes con la misma mayoría y, por último, referéndum. Es lo que se conoce como reforma agravada, frente a la ordinaria por mayoría absoluta que permitió, por ejemplo, la modificación del art. 135 en época de Zapatero.

Con ese método, es realmente complicado hoy obtener mayorías como para cambiar, por ejemplo, la forma de Estado e instaurar una república.

¿Y cuál es la “puerta de atrás”? Pues que para reformar el propio artículo 168 basta con el procedimiento ordinario. Esto es: se puede reformar ese artículo con mayoría absoluta de modo que estableciese, por ejemplo, que se pudiera cambiar toda la Constitución sólo con esa mayoría. Al día siguiente, los mismos partidos que eligieron a Sánchez como presidente del Gobierno podrían instaurar “legalmente” una República.

Es un fallo de la Constitución no previsto por quienes, con más buena voluntad que criterio, no esperaban que a la política española concurrieran personajes de la más baja estofa, tan cínicos, con menos escrúpulos y tan malintencionados como los que tenemos actualmente en el poder.

Si Sánchez e Iglesias se salen con la suya en esta modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, habrán abierto camino para esa otra reforma aún más perniciosa y, entonces ya sí, absolutamente bolivariana.

Cuando, tras leer esto, puedan ustedes cerrar la boca, les pido que hagan algo para impedir lo que viene porque me temo que cada vez estamos más cerca de un autogolpe de Estado al estilo Fujimori.

Aunque quizá ustedes, con su buena voluntad y su característico optimismo, podrían decirme que nunca el Tribunal Constitucional podría permitir un cambió así. Pues bien, resulta que el Título IX de la Constitución, que prevé que la mayoría de los miembros de ese tribunal (los que no son nombrados por el Gobierno y el CGPJ) necesitan 3/5 de las cámaras para ser nombrados, también puede ser modificado por mayoría absoluta y por tanto se puede repetir la misma maniobra. No necesito decirles más.

En definitiva, “De la Ley a la Ley”, en cuestión de meses, podrían Sánchez e Iglesias proclamar la República sin oposición legal alguna.

Ya pueden volver a parpadear.

LA BURUNGANDA POLÍTICA.

Publicado el 9/10/2020 en Minuto Crucial.

 

Escuchando a Cayetana Álvarez de Toledo, lo primero que uno hace es reencontrarse con un discurso medido, trabajado, culto, rico en matices y en vocablos cada vez menos oídos en un político casi desde los lejanos tiempos de Castelar. Como, por ejemplo, la palabra abulia. Es la usada por ella para calificar la actuación del gobierno de Sánchez en relación a la pandemia tras la finalización del estado de alarma. Dice la Real Academia de la Lengua que abulia es pasividad, desinterés y falta de voluntad, así que está utilizada aquí con toda propiedad.

Pues esa abulia también es la que hace que, de forma persistente, casi uno de cada 3 españoles decida no votar nunca en las elecciones generales. En las últimas, el partido ganador obtuvo un 28 % de los votos. Pero resulta que hubo un 33 % de abstención. O sea, sólo votó el doble de personas de las que no lo hicieron. El PSOE convenció a sólo 18 de cada 100 personas con derecho al voto. Y con esos mimbres como base, tenemos el gobierno que tenemos. Me dirán que los demás convencieron a menos aún. Pues claro: ese es el problema.

El poder de decisión de esa tercera parte de los ciudadanos que se quedaron en su casa es mucho mayor que el de los que votan a cualquiera de las opciones políticas. Repito: se quedó en casa 1 de cada 3 y votó al PSOE menos de 1 de cada 5. Los abstencionistas son los que han contribuido en mayor medida a formar el gobierno que tenemos ahora. Dicho más claro: el gobierno que tenemos es el elegido por los abstencionistas para dirigir España, lo vean ellos así o no.

Yo nunca me abstuve desde que pude votar por primera vez en 1982. Me parece inmoral. Es muy conocida la frase de Platón: “el precio de desentenderse de la política es dejarse gobernar por los peores hombres”. Y eso es lo que me parece la abstención, una forma de sacudirse las pulgas y dejarlo todo en manos de los demás. Demás, por cierto, a los que luego exigen que lo hagan bien, como si un abstencionista tuviera derecho a hacer esa exigencia. Yo, para empezar haciendo amigos, les niego ese derecho.

La principal razón esgrimida por el abstencionista es la de que “todos los políticos son iguales”. Eso les ha venido muy bien a los que realmente sí son “iguales” y  deja poco margen para los que luchan cada día por el bien común, sean del partido que sean. Incluso para los que hay así dentro de los grandes partidos, que son bastantes, por otra parte y que son confundidos pronto con los demás por ese electorado muchas veces ovejuno.

Sí, he dicho electorado ovejuno. Y lo reitero: ovejuno, borreguil, adocenado, incapaz, adoctrinado, analfabeto políticamente y no sólo políticamente. Gentes cuyos conocimientos de política se resumen en lo que cabe en tres o cuatro camisetas y pancartas. Decir que el votante nunca se equivoca es como decir que el cliente siempre tiene razón: una falsedad capciosa. Y si el votante se equivoca, el abstencionista se equivoca aún más. Siempre.

Los abstencionistas que no votan porque dicen que no hay ningún partido que los represente del todo parten de una base equivocada. Nunca vamos a compartir todas las ideas de ningún partido. Y si así fuera, sería señal de que estamos equivocados y no meditamos lo suficiente. No encuentran a un partido ideal pero, a la vez, muchos están convencidos de, entre los  7.500 millones de personas que hay en el mundo, haber encontrado a su media naranja con la que coindicen en todo…  A veces exigimos demasiado y a veces, demasiado poco.

Esa abulia la alimentan los malos políticos con sus narcotizantes discursos ideologizados y populistas; con su corrupción; con su falta de interés en los problemas reales; con su tendencia a crear otros donde no los había y con su lejanía del electorado…. Unos con su altanería prepotente y otros con su comportamiento barriobajero. En definitiva, con su burundanga diaria que adormece, que cansa al electorado, que lo anestesia.  Con eso atraen a votantes incapaces y radicales y expulsan a gente moderada que, de buena fe, acaba creyendo que no hay ni puede haber nadie que vele por los intereses de todos.

Concediendo, por tanto, a los abstencionistas que no hay ningún partido con el que nos identifiquemos del todo, siempre tendremos alguno con el que lo hagamos más que con los otros, aunque haya cosas en su programa que nos disgusten. Incluso, que nos irriten. A mí me pasa incluso con el mío. Hay que hacer una personal escala de valores y votar siempre por el menos malo porque si ese no nos gusta y no le votamos, lo más fácil es que gobierne el más malo. Ese que sí se va a dedicar a hacernos la vida imposible del todo.

La postura de quedarse en casa en demasiado cómoda. No compromete, no nos señala, no nos identifica… A menudo el abstencionista se sube a un atril real o virtual y empieza a dar lecciones sobre lo mal que está todo y que nadie lo soluciona. Y pretende que lo arregle un partido al que no ha votado sin recordar que a ese partido lo ha formado y mantenido gente que no piensa como él.

El voto hoy no es como el voto en 1986 o en 2000, por ejemplo. Aquí no están ya en juego sólo políticas relativamente cercanas en el espectro político, separadas por unos pocos grados en el hemiciclo. No están en discusión medidas moderadas, modernas, europeas, más o menos sociales, más o menos liberales, más o menos socialdemócratas... No está en liza hoy decidir de qué color queremos las paredes o si ponemos venecianas o cortinas en las ventanas como sí lo estuvieron desde 1978 hasta 2004, con la llegada del infame Zapatero. Están en juego hoy los fundamentos básicos de nuestro Estado de Derecho. Están en peligro la mera existencia de España y nuestras libertades. Con un gobierno parasitado de comunistas, que ha desembarcado a los suyos en el CIS, el CNI, la agencia EFE, RTVE o la Fiscalía, que quiere hacer lo mismo en la Justicia y defenestrar la Corona, están en peligro esas libertades que nunca vimos en riesgo desde 1978, a pesar de los embates sanguinarios de los terroristas que se empeñaron en ello.

Una canción de ‘Celtas Cortos’ dice: “Si en España el aumento del paro / ya va por el tercer millón / y si el campo se va a la mierda / y el poder huele a corrupción, / tranquilo, no te pongas nervioso, / tranquilo, majete, en tu sillón.”  Pues, de momento, estamos a punto del cuarto millón y hay mucha gente demasiado tranquila…

Hago un llamamiento al abstencionista para que deje de serlo, para que se ponga en pie y haga un esfuerzo por distinguir el grano de la paja. Por identificar los verdaderos problemas que tenemos y quiénes los han creado y los alimentan y así poder expulsarlos definitivamente de la vida pública.

Una vez nos hayamos vacunado contra ellos, una vez tengamos fuera de la política a los extremistas, a los violentos, a los revanchistas, a los falsos, a los mediocres, a los corruptos… entonces, cuando ya los cimientos mismos de nuestra casa no corran peligro, como ahora pasa, será posible volver a decidir entre todos de qué color pintamos la escalera o si cambiamos el ascensor.

Cuando hagan hecho ese esfuerzo, para ellos supremo, espero que ya nunca deje de importarles quién nos gobierna.

EL FRAUDE ELECTORAL

Publicada el 2/10/2020 en Minuto Crucial

Casi 40 años llevamos con el mismo sistema electoral. Una Ley Orgánica de 1985 que otorga el mismo poder de decisión a 34.000 turolenses que a 129.000 madrileños es de todo menos justa.

 

Con ella se beneficia a partidos que tienen mucho poder en provincias poco pobladas, aunque fuera de ellas no pidan el voto o ni siquiera los conozcamos. Se favorece así la división entre españoles al hacerles ver la utilidad de partidos locales que defiendan “lo nuestro” en lugar de nacionales que defiendan lo de todos. Dividir, enfrentar, buscar o inventar agravios es rentable electoralmente para esas formaciones. O sea, el sistema favorece a los más grandes y a los locales. Locales que luego chantajean a los grandes para obtener más beneficios para sus terruños.

 

No es comprensible que en el Congreso, donde se toman decisiones que afectan al conjunto de los españoles dentro de las atribuciones que tiene, haya formaciones locales. No tiene ningún sentido que un partido local de Cantabria decida la política de inversiones del Estado en la vecina Asturias o en Canarias. Para que los partidos locales decidan lo que les compete existen las autonomías o el Senado.  Aunque lo mejor que se puede hacer con el Senado es cerrarlo por inútil, pero eso es otra cuestión.

 

Es por esto que los partidos de ámbito nacional que no tienen muchos votos concentrados en ningún sitio están claramente perjudicados. La mayor parte de los apoyos recibidos por esas formaciones son inútiles para obtener escaño y causan entre el electorado desaliento y frustración.

 

Fue siempre claramente el caso del PCE-Izquierda Unida y, sobre todo, de UPYD, primera formación que pidió el cambio de Ley Electoral. De los 310.000 votos que recibió este partido en 2008, su única diputada por Madrid obtuvo 132.000. Los demás, obtenido en el resto de España, fueron a la basura. Y en 2008 fue aún peor: de la cantidad de 1.143.000 votos de toda España, en Valencia y Madrid, lugares en los que obtuvo 5 escaños, les votaron 421.000 personas. Por tanto, más de 700.000 votantes vieron como sus papeletas servían para papel reciclado, en el mejor de los casos. 700.000 personas cuyo esfuerzo fue en vano. Con esta Ley, cualquier otra iniciativa política de similar corte e implantación está condenada al fracaso y eso lo saben muy bien los partidos viejos.

 

De hecho, ahora también este problema lo sufren Ciudadanos y VOX pero no llevan tampoco visos de obtener nada aunque propongan un cambio.

 

Nunca se interesaron en ello ni el PP ni el PSOE porque creían ambos que iban a aprovecharse de su fuerza más o menos homogénea en toda España o que, en el peor de los casos, iban a compensar suficientemente su vacíos en algunas comunidades con un apoyo masivo en otras. Hasta ahora no les va mal del todo pero ya empiezan a ver los problemas de no tener suficiente implantación en Galicia, País Vasco o Cataluña, por ejemplo.

 

El PSOE, en concreto, anda más atareado en modificar el Código Penal para indultar a los golpistas, como ha dejado entrever el ministro de Justicia, o en  introducir una Ley de Memoria Selectiva. O también en ir recortando las alas a la Corona para hacernos creer que es un órgano inútil o contraproducente y preparar el terreno para el derribo de la monarquía, como ya lo hicieran en 1931.

 

Tenemos un sistema de listas cerradas que se lleva muy bien con la falsa democracia interna de los partidos, en la que el que se mueve no sale en la foto, como ya nos advirtió Alfonso Guerra en un ataque súbito de sinceridad. Los partidos se aseguran de que los que están en puestos de salida son adeptos al régimen, con años de servilismo demostrado y, a ser posible, que nunca hayan hecho nada fuera de la política. Así, como Tom Cruise en “La tapadera”, se ven envueltos en una trama de la que no pueden salir y de la que depende su forma de vida, bastante agradable en muchos casos.

 

Hay notables excepciones de personas que tienen amor propio y se van, incluso dejando el escaño. Casi todas esas excepciones son no sólo criticadas por sus propios partidos, siempre con saña, sino que se ha conseguido que también la opinión pública las vea de forma negativa, cuando son el resultado de un ejercicio de rebeldía contra ese sistema cerrado de poder y una denuncia que debería servirnos para rebelarnos también contra él. También aquí se nota la infantilidad y el analfabetismo político de buena parte del electorado.

 

La reforma, por tanto, más urgente pasa por tres puntos: hacer que todos los votos cuenten lo mismo; que no se puedan presentar al Congreso formaciones locales y que haya un sistema de listas abiertas.

 

Tampoco estaría de más estudiar si la circunscripción electoral debe seguir siendo la provincia o ampliarla a la Comunidad Autónoma. En ningún caso soy favorable a las circunscripciones uninominales, que sólo supondrían un agravamiento del problema al favorecer a caciques populistas locales. Estas propuestas, de llegar al Congreso alguna vez de nuevo, caerían en saco roto mientras no se produzcan profundos cambios internos en el PP y en el PSOE.

 

Del primero de ellos, tras la salida de Cayetana Álvarez de Toledo, ya podemos irnos despidiendo. Su posibilidad de aglutinar de nuevo los votos de centro derecha se difumina cada día porque ellos mismos se encargan de cortarse las alas. Y del PSOE, que está desembarcando a los suyos en RTVE, en la Fiscalía, en la Agencia EFE, en el CIS y en todos los órganos reguladores y creadores de opinión y que va más por la vía guerracivilista de enfrentamiento continuo que por la de mejorar la calidad democrática, no esperamos nada bueno.

 

Los defectos de nuestra democracia se podrían suplir con políticos con visión de Estado, sentido del deber y preocupación el futuro a largo plazo. Nada más distinto a la realidad actual.

 

Vivimos una democracia a la que están empezando a tirarle las sisas y los sastres que hay no saben bordar ni coser sino poner parches.