EL TERRORISTA BOYE

Publicado en Minuto Crucial el 29/10/202021

1988. Durante 249 días de ese año, el empresario Emiliano Revilla estuvo secuestrado por ETA en un zulo bajo una vivienda de la calle Belisana, cerca de Arturo Soria, en Madrid. A menos de 100 metros, un familiar mío tenía allí su casa. Alguna vez en aquellos días estuve yo en ella sin que fuéramos conscientes ninguno del calvario que estaría pasando tan cerca de nosotros ese hombre. Suplicio que sólo acabó con el pago de una cantidad a ETA que, según algunas fuentes, habría rondado los 1000 millones de pesetas y otras aventuran en el doble.

El que sí era muy consciente de aquel sufrimiento era Gonzalo Boye, un por entonces veinteañero chileno miembro de un grupo terrorista de su país, el MIR, que fue detenido en 1992 en Madrid y condenado en 1996 por colaborar en el secuestro del empresario soriano. Por esa acción recibió un suculento pago de ETA, según se dice en la sentencia. Fue condenado a 14 años de prisión y al pago de 200 millones de pesetas que no consta que haya realizado. Emiliano Revilla nunca se los reclamó.

Estamos hablando del mismo Gonzalo Boye que ahora es abogado de Valtonic, Puigdemont y, según hemos sabido estos días, también de Alberto Rodríguez, exdiputado de Podemos. Se sacó su carrera de Derecho en la cárcel, donde descubrió que la mejor forma de atacar nuestro sistema democrático es desde dentro y en la que, como el conde de Montecristo, tuvo tiempo de planificar su venganza, en este caso, contra el país que lo acogió.  Ha sido abogado, entre otros, de Marcial Dorado, el narco gallego que apareció en una foto con el ahora presidente de la Junta de Galicia, Feijóo. También lo fue de ultraderechistas colombianos y en su despacho ha colaborado como perito informático el también ultraderechista Emilio Hellín, asesino de Yolanda González en 1980. De modo que su militante izquierdismo tiene, como casi todo en esta vida, un precio valorable en billetes.

Cuando se le cita en los medios, nunca se alude a su pasado. En mentideros de juristas y periodistas se le tiene por persona peligrosa y vengativa. Incluso, al parecer, es posible que se haya dedicado a demandar con cantidades millonarias a periodistas que sacaban su historia a relucir para reclamarles un presunto “derecho al olvido”. O sea, que no le interesa que se lo encasille por su pasado.

Lo que pasa es que a lo mejor es el futuro el que se va a empeñar en recordarnos quién es en realidad, porque es posible que acabe en la cárcel de nuevo. Está imputado por blanqueo y falsificación en un caso contra uno de sus “insignes” clientes, el narco Sito Miñanco. La lista de  esos clientes, como vemos, no parece la típica de un activista de izquierdas: narcos, asesinos, golpistas… La pena podrían ser otros 6 años en los que, posiblemente, le daría tiempo a sacarse otra carrera. En esa cabeza cabe todo.

Por todo ello, sorprende quizá que una persona como Alberto Fernández, que se dice pacífica e inocente del delito de haber pateado a un policía recurra a este personaje. Bueno, digo yo que a alguno le sorprenderá, a mí no. En Podemos y en el resto de la izquierda radical llevan muy a gala lo de ser antisistema y eso no se queda en meras actuaciones pacíficas o declaraciones. Ahí tenemos a Isa Serra,  Rita Maestre o “el Pancetas” del SAT como ejemplos.

La izquierda que tenemos hoy no tiene nada de social ni de moderna sino mucho de violenta y profundamente atrasada y brutal. No es la izquierda alemana ni la francesa. Ni es el laborismo británico ni tampoco nada parecido a los demócratas norteamericanos. Es algo muy similar a la izquierda iberoamericana, trufada de odio, de resentimiento y de violencia. De esa izquierda profundamente antiespañola y radical llegaron el propio Boye, Pisarello, Echenique o Dante Fachín, entre otros. Tenemos una izquierda que no quiere construir nada sino tras haberlo derribado todo antes.

Un día aclaman las lágrimas de cocodrilo de Otegi y al otro salen a la calle a defender a los presos etarras que, para ellos, no están en la cárcel por asesinos sino que son “presos políticos”. También, en definitiva, es una izquierda que defiende a narcotraficantes a la vez que pide la legalización del cannabis. Todo en ellos es muy coherente…

Lo mejor que podemos hacer es encerrarlos lo antes posible porque, si no, acabaremos encerrados por ellos, como Boye hizo con Emiliano Revilla y como Otegi hizo con Luis Abaitua.  Eso, si no nos matan antes, porque estamos en manos de terroristas y nosotros mismos, con nuestra indolencia, nos ponemos el cañón de su pistola en nuestra sien.

El agujero del donut

Publicado en Minuto Crucial el 15/10/2021

 

Si España fuera un donut, Madrid no existiría. Esa frase taaaaaaaan ingeniosa la hemos oído desde siempre a periféricos más o menos achispados. A personas que cargan contra “Madriz” o “Madrit” con una falsa superioridad que, en realidad, responde a envidias o complejos que sus psicólogos no han sabido tratar. Ser la capital desde 1561 no es gratis y escuchar estas idioteces forman parte del precio que los madrileños pagamos por ese pecado. Eso y ser el manifestódromo de todos los ofendiditos nacionales e importados.

Los escasos y cortos periodos en los que, desde entonces, estuvo fuera la capitalidad fueron bien por los intereses especulativos del Duque de Lerma, bien por la guerra contra el francés de 1808, con las Cortes de Cádiz, o durante la Guerra Civil, cuando el gobierno republicano se trasladó a Valencia como paso previo a su obligado exilio. Fuera de esos 3 breves periodos, en Madrid se ha concentrado siempre la administración del Estado. Una decisión racional motivada sobre todo por la situación geográfica dentro de la península ibérica y que buscaba, precisamente, servir de unión y contrapeso necesario entre diversas partes de España.

Pues bien: hete aquí que, en lo que muchos consideran el estado más descentralizado de Europa, el Gobierno actual considera necesario el traslado físico de organismos, instituciones o empresas públicas a otros lugares. Las razones que esgrimen son dos, a cual más torticera: Por un lado aseguran que es para que toda España se sienta partícipe del Estado y apoyar la concordia y, por otro, para combatir ese falso concepto tan “2030” que es el de la “España vaciada”.

Y ambas cosas son mentira. Por un lado, el que haya un menor sentimiento de españolidad no es culpa de que las instituciones estén en Madrid. Es culpa de una política errada (y también herrada)  de abandono de lo que nos une. El otorgar a los presidentes autonómicos la representación del Estado en sus territorios, como dice la Constitución, no ha servido más que para que desde sus cargos se pueda dinamitar el Estado mismo y sus fundamentos, como se ha visto en Cataluña y se ve cada día desde Asturias a Baleares y desde el País Vasco a la Comunidad Valenciana.  Por ejemplo, Urkullu, que no se siente español sino sólo vasco, o Aragonés, que no se siente español sino sólo catalán, no pueden ser los representantes del Estado en sus territorios. Que ya sólo esas declaraciones deberían bastar para inhabilitarlos.

Por otro lado, lo de combatir la despoblación de las zonas rurales no se hace llevando la Dirección General de Política Energética y Minas a León o la Secretaría General de Pesca a Sanlúcar de Barrameda. Entre otras cosas porque no lo van a hacer. Es una falacia pensar que, como si esto fuera la China de Mao, se puede trasladar a miles de funcionarios de un lugar a otro sin protesta alguna. Como si al señor que opositó y trabaja para el Museo de Arqueología de Madrid, le venga estupendo trasladarse a Fregenal de la Sierra, por otra parte, precioso pueblo pacense.

Nos quedaremos sin ver el Traslado de Ministerio de Defensa a Melilla;  el de Interior, al Barrio del Raval, antiguo “barrio chino”, en Barcelona; el de Universidades, a las 3000 viviendas de Sevilla; el de Trabajo, a Marinaleda; el de Justicia, a Hernani; el de Cultura, a Magaluf  o la Secretaría de Estado Turismo a Benidorm.  O a lo mejor es que van a obligar, por decreto, a trasladar las funciones de ‘El Rey León’ (diez años lleva ya) a otros lugares. Importantes ciudades en las que algunos otros musicales que han durado también años en Madrid, o incluso han estado varias veces, han aguantado sólo 2 semanas y sin llenar. ¿De eso también tenemos la culpa en Madrid?

Y no, tampoco es eso lo que quieren. Lo que van a hacer los mismos que lamentan la fuga de empresas  privadas de Cataluña es trasladar las públicas, o los organismos que deseen, a sus nichos de votos. No a pueblos o ciudades pequeñas para beneficiarlos, sino a lugares importantes y ya poblados  cuyo voto interesa fidelizar para beneficiarse ellos. Por ejemplo, a Valencia. Es prácticamente seguro que en el próximo Congreso del PSOE, a celebrar en esa ciudad, se anunciará algo en este sentido, así que no se rían de lo Benidorm que dije antes. No es la valenciana, precisamente, una comunidad con problemas de despoblación. Lo que si sucede es que las encuestas dan un empate técnico en las próximas elecciones, con grave riesgo de que una alianza PP-VOX acabe con el vergonzante pacto del Zoológico, digo… del Botánico.

Es sólo ese interés electoral el que mueve todas y cada una de las decisiones de este Gobierno. El mismo interés que hace que haya ido su presidente cuatro veces a La Palma pero que no fuera ni una sola al Zendal, a los hospitales de Madrid en pandemia  o a inspeccionar los daños causados por Filomena.

No quieren descentralizar. Quieren comprar votos. Si quisieran ayudar a la España despoblada, fomentarían las comunicaciones en una Extremadura que aún tiene vías de tren del s. XIX y llevarían el AVE a Portugal, nuestro hermano atlántico. O fomentarían la extensión de nuevas tecnologías a zonas rurales, crearían semilleros de empresas de industria agropecuaria en Andalucía, Castilla y León o Aragón.  O fomentarían la creación de filiales de grandes empresas en territorios menos poblados, asegurando un mejor trato fiscal, excelentes comunicaciones y facilitando infraestructura y suelo gratis, que lo hay en abundancia, durante 40 o 70 años,  sin pasar por las miles de ventanillas locales, provinciales, autonómicas y nacionales que son necesarias para cualquier trámite. Hay muchas cosas que se pueden hacer y que no harán.

Nada queda hoy de aquel espíritu de la Generación del 98, la que, desde todas partes de España, buscó definir su identidad centrándose en Castilla, en sus gentes  austeras, en sus costumbres, en su tradición y en sus llanuras ya entonces despobladas. Ahora es un insulto común entre los independentistas catalanes, cuyos votos sostienen a este gobierno, llamarnos a los demás “castellanos”, con ese retintín que les sale del odio inoculado lentamente durante los últimos 40 años y permitido por gobiernos indolentes del PP y cómplices del PSOE.

Como dice Ayuso, a Madrid lo dan ya por perdido. Ya sólo les queda rentabilizar esa pérdida despedazándolo  y repartiendo sus miembros entre los secuaces, que esperan con las fauces abiertas, del Gobierno más antiespañol, más cobarde y más traidor que hemos tenido desde Fernando VII.

La vivienda, como bien social.

Publicado en Minuto Crucial el 08/10/2021.

 

Nuestra Constitución, como casi todas, es una transcripción literal de derechos fundamentales mezclada con generalidades engoladas, indefiniciones calculadas y errores de apreciación. Todo ello choca con la excesiva reglamentación de algunos asuntos que debería dejarse para los desarrollos legales. Fruto de todo eso es, además de muchas otras cosas, el artículo 47, que dice: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.”

Casi todos los constitucionalistas están de acuerdo en que esto es un “desideratum”, un deseo o aspiración al que debe tender el ordenamiento general de la sociedad. Pero es que los hay que leen esto y, con las entendederas que la Naturaleza les ha dado, creen que donde dice “derecho” debe poner “obligación de los demás a darme por la cara”. Y no es así.

Por supuesto que la vivienda forma parte de los derechos fundamentales del hombre aunque no de forma directa sino indirecta. El Estado ha de proveer al individuo de unas oportunidades en las que él pueda disfrutar de ella con sus propios medios. Y eso es lo que dice el art. 25 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre:  “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.” A lo que está obligado el Estado es a eso, a facilitar un medio social y económico en el que desenvolvernos laboralmente para acceder a la vivienda.

Pero es que también parto de la base de que no considero la vivienda como un bien más de mercado, como una mercancía. En eso me distancio mucho de los liberales clásicos. Cuando una administración local desarrolla un plan de urbanismo y planifica una zona de nuevas viviendas en un bien limitado como es el suelo, no podemos estar en manos de especuladores que lo acaparen y perviertan el destino de ese suelo. La vivienda ha de tener distinto tratamiento mercantil del que deben tener el resto de bienes. No es un bien como otro.

Por ello, se ha de regular que los grandes tenedores de viviendas pongan lo antes posible las mismas en el mercado y a precios accesible y hay que incentivar fiscalmente el alquiler tanto para el inquilino como para el propietario, además de darles a ambos garantías y estabilidad. Quien tiene docenas de viviendas para negociar con ellas debe aceptar que la administración marque unas reglas mucho más estrictas de lo que lo hace con otros bienes porque en España el acceso a la vivienda es extremadamente difícil para mucha gente y especialmente los jóvenes. Y parte de la función del Estado, obligada por ese artículo 47, es esa.

Sin embargo, esto no debe ser igual con los pequeños, que yo definiría como quienes tienen hasta 5 viviendas en propiedad. A ellos, además de ofrecerles los beneficios fiscales antedichos, no les establecería ninguna obligación ni prohibición en cuanto a qué hacer con ellas y sí habría que insistir en su protección como propietarios en cuando a los problemas que puedan ocasionar inquilinos morosos. Todo de cara a promover, pero no obligar, a la puesta en alquiler de sus viviendas.

Pero esta intervención en el mercado de la vivienda no es más que un parche, no es la solución al problema de la misma. La solución sólo pasa por un plan de construcción y compra de viviendas para la creación de un parque público de alquiler que, de forma transparente, sirva para la emancipación de los jóvenes y de quienes se juzgue oportuno que lo disfruten.

Esos contratos de alquiler a precios sociales deben ser temporales, nunca permanentes salvo por razón de la elevada edad del inquilino o situaciones de dependencia o asimilables. Y las revisiones estarían sujetas a que subsista la situación de necesidad. No deben volverse a cometerse dos errores que, entre otros, propiciaron la subida del precio de las viviendas en España, que fueron la desgravación fiscal, incluso por segunda vivienda, y la construcción de vivienda social para su venta.

Por otra parte, un intervencionismo de los precios en el mercado de alquiler, sin otras medidas accesorias de ventajas fiscales y garantías a los propietarios frente a los inquilinos, sólo puede propiciar, como ha sucedido ya en Berlín o Barcelona, el efecto contrario al buscado: la contracción de la oferta y la subida de precios. Y la regulación que propone el Gobierno va, por desgracia, en esa línea. En esto son tan inútiles como en lo demás. Ninguna sorpresa.