Publicado en Minuto Crucial el 12/05/2026
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha
convertido la gestión del brote de hantavirus en el crucero MV Hondius en un
nuevo episodio de subordinación acrítica a la Organización Mundial de la Salud
(OMS). Recién incorporada al Consejo Ejecutivo de este organismo en
mayo de 2025, García no ha dudado en ofrecer territorio español como solución
logística para un problema que podría y debería haberse resuelto en Cabo Verde
o en otro punto más cercano. España se limita, en teoría, a facilitar
el traslado de viajeros a sus países de origen, operación que perfectamente
podía coordinarse desde las instalaciones de Praia sin exponer a Canarias ni al
sistema sanitario nacional.
El crucero, con unos 140 pasajeros y
tripulantes de múltiples nacionalidades, quedó retenido frente a Cabo Verde
tras confirmarse tres muertes y varios casos de hantavirus. Cabo
Verde, con recursos limitados, se negó a permitir desembarcos masivos, una
decisión comprensible desde el punto de vista de la soberanía sanitaria. Sin
embargo, en lugar de presionar para que la gestión se mantuviera en origen o se
distribuyera entre los países con mayor capacidad de los afectados, España
aceptó acoger el buque en el puerto de Granadilla de Abona (Tenerife). La
ministra justificó la decisión como “coordinación internacional” bajo
directrices de la OMS, ignorando que esta participación va más allá de una
simple escala humanitaria.
Aquí surge la pregunta incómoda: ¿qué
intereses ocultos mueven al Gobierno y a la ministra para agradar y obedecer
tan diligentemente a la OMS? García, conocida por su feroz oposición a
Isabel Díaz Ayuso durante y después de la pandemia de coronavirus, cuando la
acusó reiteradamente de mentir sobre recursos y gestión, parece aplicar ahora
un doble rasero. Mientras criticaba cualquier autonomía en la gestión de la
COVID, en esta crisis se pliega sin fisuras a las recomendaciones de un
organismo supranacional que, en otras latitudes, genera legítimas suspicacias
por su opacidad y agenda de centralización sanitaria global. Su puesto
en el Consejo Ejecutivo no es casual: España regresa tras 20 años y García lo
presenta como un logro, pero huele más a peaje político que a defensa del
interés nacional. Y a prepararse un futuro después de las previsibles
derrotas electoral de la izquierda en 2027.
La hipocresía se agrava con la actitud de
Marruecos, también miembro de la OMS. Las autoridades marroquíes denegaron el
aterrizaje y repostaje a un avión medicalizado que trasladaba pacientes graves
desde Cabo Verde hacia Países Bajos. Este rechazo, pese a las
supuestas obligaciones del Reglamento Sanitario Internacional, no generó la
misma presión diplomática ni mediática que se ejerce sobre España. Mientras
Marruecos protege su territorio sin complejos, el Gobierno español abre sus
puertas y puertos, asumiendo costes logísticos, sanitarios y de imagen. Los
españoles a bordo unos 14, harán cuarentena en el Hospital Gómez Ulla de
Madrid. La actuación es correcta pero la información a la Consejería de Sanidad
de Madrid ha sido nula. El resto de pasajeros serán repatriados desde
Tenerife bajo un dispositivo costoso coordinado con la OMS y Tedros Adhanom, su
Director General.
Esta crisis revela un patrón preocupante:
priorizar el multilateralismo y la “salud global” por encima de la prudencia
nacional. Facilitar el traslado desde Cabo Verde era viable. Elegir
Canarias expone innecesariamente a un archipiélago vulnerable y dependiente del
turismo y genera alarma social. La ministra, lejos de defender una
gestión soberana y proporcional, actúa como avanzadilla de la OMS en Europa,
ofreciendo incluso a España como intermediaria en acuerdos pandémicos.
En definitiva, la actuación de Mónica García no
responde a una emergencia insalvable, sino a una voluntad política de
alineamiento que cuestiona su independencia. En tiempos de desconfianza
hacia las instituciones globales, someterse sin condiciones solo erosiona la
credibilidad nacional y pone en riesgo la salud pública española por complacer
a Ginebra. ¿Por qué?
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