Estamos asistiendo al rodaje de la segunda parte de la película más berlanguiana de Berlanga. El maestro lo tendría hoy muy fácil para dirigirla. Sólo hay que ir al Congreso y gritar ¡acción!
Tenemos un gobierno con una
extraña relación con las cárceles. Desea
tipificar como delitos los de apoyar al bando ganador en la Guerra Civil,
lanzar piropos por la calle o que los médicos se nieguen a abortar. A la
vez, lo contrario: dejar de considerar delitos la quema de banderas españolas o
los insultos al Rey. También hay en
el Gobierno, y entre quienes lo apoyan, el deseo de ilegalizar partidos
plenamente constitucionales sólo porque practican una oposición contundente,
como la que casi nunca, con la excepción de UPYD y de unos pocos en el PP, han
tenido en frente. De seguir así, dentro de poco será delito negar el cambio
climático, llamar moros a los moros o defender el papel de España en el
Descubrimiento de América.
Y por otro lado, y aquí está la paradoja,
su continuidad depende también de las cárceles. Tiene ahora mismo al menos tres
frentes carcelarios con grandes posibilidades de dinamitarlo hasta los
cimientos: una ministra investigada por traer ilegalmente a un terrorista
saharaui, un bolivariano pendiente de extradición que sabe mucho de la
financiación de Podemos y, para colmo, a Puigdemont
en Cerdeña, que es como una bomba colocada bajo la mesa de “negociación” con el
Gobierno de la Generalidad, como aquella que colocara Claus von Stauffenberg
bajo la mesa de Hitler en la Operación
Valkiria.
El gobierno más indigno de la
Historia reciente de España, dirigido por el mismo partido de Filesa, GAL,
Roldán, ERES, Faffe… ahora depende más
de la Justicia que de los votos. Mejor dicho, de que NO haya justicia. Así se
entiende mucho mejor el deseo irrefrenable de los partidos en el Gobierno por
controlarla. Y el de los medios de comunicación subvencionados y la asociación
de “Jueces contra la Democracia” para poner a los suyos al mando.
Si estos tres frentes, y alguno
más, se le ponen cuesta arriba, es más que probable que tengamos elecciones la
próxima primavera. No podemos tener impunemente un Gobierno que introduce
ilegalmente a terroristas en España o recibe financiación ilegal de Venezuela o
Ecuador. Y lo de Puigdemont podría ser, probablemente, un obstáculo tanto para
la pretendida mesa de negociación (rendición, más bien) como para la
elaboración de los presupuestos. Con
Puigdemont en Estremera y las hordas lazis quemando la calle un día tras otro,
a ver qué partido nacionalista va a ser el guapo de prestar su voto a Sánchez
para los presupuestos. Ni catalán, ni vasco, ni valenciano ni gallego. Y
los necesita a todos.
Así que, como de costumbre,
tenemos que confiar más en la Justicia que en los electores para desalojar al
bellaco de la poltrona monclovita. Si
por sus electores fuera, España se dividiría en las ocho naciones que ha
contado Iceta, con sus ocho empresas públicas de energía, ocho ministras de
igual-dá, ocho selecciones de fútbol y ocho presidentes con pensión permanente
revisable al alza, como Sánchez y Aragonés. Por cierto, esa pensión
vitalicia bien vale una reverencia a la bandera regional catalana mientras se
quema impunemente la española todos los días en Cataluña.
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