Publicado en Minuto Crucial el 16/07/2021
La reciente sentencia del Tribunal
Constitucional, aún no publicada por completo en el momento de escribir esto,
supone el mayor escándalo jurídico al que se ha enfrentado nuestra democracia. Declarar ilegal en parte el primer estado
de alarma del pasado año, con todo lo que eso supone, coloca a nuestro Gobierno
al mismo borde del autogolpismo al haber suspendido derechos fundamentales sin
un apoyo legal.
Recordemos que esta sentencia se
añade a la declaración de inconstitucionalidad del nombramiento de Rosa Mateo
al frente de RTVE y de la inclusión de Iglesias e Iván Redondo en la comisión
del CNI. Tenemos pues un Gobierno que se
mueve en la misma línea de la legalidad pero casi siempre por la parte de
fuera. Y le esperan nuevos ataques a nuestra Constitución porque se acerca
por Cataluña un referéndum que puede suponer la rotura total de las costuras
del sistema de 78.
Todo esto, en cualquier país
normal, supondría un terremoto y la dimisión inmediata del Gobierno. Pero aquí
lo único que conlleva es la descalificación por parte de Gobierno, de los
partidos que lo apoyan y de sus satélites mediáticos al Constitucional y, en
concreto, a sus miembros, a los que se permiten señalar y descalificar, como
hacían hace años los medios pro etarras en el País Vasco con quienes
consideraban enemigos. Eso no nos extraña. Este
Gobierno apoya y se nutre de esos mismos subgrupos sociales, por lo que tienen
la lección aprendida. Mientras, condenan que se critique personalmente al
responsable de “El Jueves”. Ellos son los primeros en poner dianas en las
cabezas de sus adversarios pero se creen intocables.
Mientras tengamos comunistas
pastoreando al PSOE, soportaremos esta lacra que nos coloca fuera de la
normalidad democrática. De unos ministros que apoyan abiertamente a dictaduras
como la de Cuba no podemos esperar un respeto por los tribunales sino un
intervencionismo totalitario encaminado a copar todos los poderes bajo la misma
mano. El comunismo ya fue comparado con
el nazismo el 19 de septiembre de 2019 por el Parlamento Europeo. Es una pena que no se hubiera aprovechado
en toda Europa para prohibir los partidos comunistas. Son partidarios de
regímenes de partido único, totalitarios y dictatoriales como el cubano, que
ahora los comunistas españoles se han lanzado en tromba a defender. Ya sabemos
lo que quieren instaurar aquí porque no tienen ninguna vergüenza en admitirlo
Los detractores de la sentencia
insisten en la superioridad mínima de un voto con la que se ha impuesto en el
TC el fallo. Y lo hacen olvidando que,
por ejemplo, la Ley Integral de Violencia de Género fue avalada por una
diferencia casi igual, de 7 votos contra 5. O que la expropiación de Rumasa
lo fue con un empate y el voto de calidad de su presidente, igual que pasó hace
tres meses cuando el mismo tribunal rechazó la presentación de Toni Cantó a las
elecciones de Madrid. Son las normas y hay que respetarlas pero ellos no tienen
ese criterio. Sólo las respetan cuando les conviene.
Lo primero que caracteriza a un
Estado de Derecho es el respeto a la Ley. Y eso no consiste sólo en acatar las
sentencias. ¡Sólo faltaba que no se hiciera! Ya tenemos bastante con un
territorio, Cataluña, donde se infringen las leyes y las sentencias día sí y
día también. Incluye también el respaldo activo por parte del ejecutivo y
legislativo a la labor de los jueces, que no han de sentirse coartados en su
labor por partidos o centro mediáticos de poder.
Claro que, para ello, aparte de tener una clase política muchísimo mejor
que la que tenemos, harían falta también unos jueces a la altura. Y no todos lo
están. De las 4 asociaciones de jueces,
una de ellas, la minoritaria pero la más tenida en cuenta por la progresía,
siempre da la nota. Bien sea retrasando de forma vergonzosa su apoyo al
Juez Llarena; bien sea evitando defender el sistema judicial español ante el
ataque inadmisible del Consejo de Europa o bien sea pidiendo la dimisión del
presidente del CGPJ para forzar su renovación. Eso es como pedir la
paralización judicial en España. Por cierto, es la misma asociación que apoya
el sistema actual de renovación, que es de todo menos garantizador de la
independencia de la Justicia. Naturalmente,
están los primeros en la lista del PSOE y Podemos para copar los más altos
puestos de la Judicatura. Por eso presionan insistentemente para su renovación.
Pretenden cerrar el círculo bolivariano.
Decía Luis XIV que Francia era
él. Y era verdad. Todos los poderes se concentraban en su persona. La tentación humana de acaparar poder es tal
que los sistemas que pretenden ser democráticos tienen que desarrollar
necesariamente una separación de poderes y cortafuegos entre los mismos. Y
de ese sistema depende en gran parte la calidad democrática. ¡Ojo!, no del
desarrollo social, humano, democrático, económico… En eso no podemos confiar
jamás.
Todo sistema que se base en
filtros para intentar que lleguen al poder las mejores personas está condenado
al fracaso. Las mejores personas se corrompen al llegar. ¿Todas? No, por
supuesto. Pero con que lleguen un número muy pequeño de malvados es suficiente
para echar abajo el sistema. Y no llegan en número pequeño ahora. Así que los mecanismos de separación e
independencia deben estar bien diseñados y a prueba de ataques.
En España no están nada bien.
Tanto el Consejo General del Poder Judicial como el Tribunal Constitucional
dependen en exceso de los otros dos poderes y eso los lastra. Por otra parte,
el Gobierno ya colocó a una de sus ministras al frente de la Fiscalía y ahora
ha mandado a otro, recién cesado, a la Audiencia Nacional a seguir prestando
desde allí sus servicios porque no hay ley que impida esas puertas giratorias
entre el poder judicial y el ejecutivo.
Y la culpa, como casi siempre, es tanto del PP como del PSOE, que no han movido una paja nunca por mejorar ese sistema, ni siquiera cuando disponían de mayoría absoluta. Algunos locos cuerdos en su día propusimos desde UPYD la despolitización de Justicia. Nos hicieron el mismo caso que el que oye llover. Así que ahora todos pagamos las consecuencias.
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