Las Administraciones públicas adeudaban a diciembre del pasado año 5.510 MM. de euros. Son los principales morosos en España. Según recientes informes, la media de demora en el pago de los particulares está en 68 días mientras que la de la Administración lo está en 153.
Antiguamente, quien contrataba con la Administración tenía un "seguro de vida". Se sabía aquello de "pagan tarde, pero pagan". Y tarde quería decir que, a la firma del contrato, se especificaba un plazo largo, más largo que en operaciones dentro del ámbito privado. Pero, a la finalización del plazo, la Administración pagaba religiosamente.
Ahora no. Ahora, miles de certificaciones de obra, por ejemplo, han de ser renovadas por las entidades financierlas a las empresas o particulares porque el Ayuntamiento o la Consejería o el ente público de turno no paga cuando toca, saltándose sus propias leyes que establecen unos plazos máximos de pago. Esas certificaciones se pagan con muchos meses de retraso, con intereses a cuenta de la empresa, y sin que ningún funcionario ni cargo público asuma ningún tipo de responsabilidad por ello.
Las Administraciones deben tanto dinero como será previsiblemente la rebaja del déficit este año. Esas deudas, que a veces, como digo, son financiadas por los bancos, a menudo significan la muerte literal de miles de empresas, junto con la ruina de sus trabajadores. Trabajadores que dejan de cotizar y comienzan a percibir prestaciones, que dejan de consumir y de pagar la hipoteca. El impago de la Administración deja muchos muertos en la cuneta. Se da la indignante paradoja de que para trabajar con la Administración, una empresa tiene que demostrar que se encuentra al día con Hacienda y la AEAT, mientras que la Administración puede ser morosa y seguir contratando obras que quizá no pague.
Y es aquí donde empieza un círculo, no vicioso, sino absolutamente canallesco: las mismas administraciones morosas, muchas veces ayuntamientos, emprenden campañas de reivindicación ante las entidades financieras para que renuncien a su derechos y no insten al juez el desahucio de alguna vivienda. Quedan muy bien ante sus ciudadanos con conductas absolutamente vergonzosas. Es indignante ver comunicados, repulsivos de todo punto, de administraciones endeudadas hasta el cuello por obras o fastos que jamás debieron llevarse a cabo pidiendo que alguien no sea echado de su casa, cuando es posible que esa persona se haya quedado en la calle por culpa de la misma Administración.
Con dinero público se han refinanciado Bancos y Cajas de Ahorro. Una parte será devuelto y otra no. Pero, desde aquí digo que, además de eso, se debería haber refinanciado al Estado directamente y a todas sus administraciones. Para que paguen lo que deben, tanto a particulares, como a empresas y a los propios bancos. Y, a partir de ahí, que contrataran única y exclusivamente, cuando pudieran y lo que pudieran. Y establecer una férrea ley de plazos de pago que conllevase la expulsión inmediata de los cargos que la incumpliesen.
Como ejemplo de este comportamiento canalla, este, recogido en poco más de 5 minutos, del Ayuntamiento de Baena, Córdoba. Y seguro que podría buscar cien ejemplos más si dedicase a ello una sola hora.
Baena salió en prensa en mayo por una medida populista donde las haya: compró una vivienda por 38.000 (de dinero público) para que un banco no desahuciara a sus propietarios. Pues bien, aquí podéis ver un acta de un pleno de 2011. En su página 4 se detallan pagos de deudas hechos en periodo legal y fuera del mismo, con una diferencia de 780.000 frente a más de 7 MM. .Ellos mismos declaran que han pagado con un retraso medio de 148 días, además de que ponen también que no han desembolsado ni un euro por intereses de demora. A esa misma fecha, los pagos pendientes ascendían a casi 10 MM que, como ellos mismos dicen en el acta, "incumplen el plazo legal previsto en la legislación de 50 días".
Y ese acta la habrán leído 4 ciudadanos de Baena, además de los concejales y funcionarios. Pero la noticia de que han "rescatado" con 38.000 € a una familia ya se encargó bien el Ayuntamiento de publicitarla en todos los medios. Este Ayuntamiento pertenece a un autodenominado "Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda", del que formarán parte, me temo, ayuntamientos del mismo pelaje. Ayuntamientos (y Junta de Andalucía) que llevan gobernando localidades con el 40 % de paro en muchos casos y a cuyos Alcaldes y otros dirigentes no se les cae la cara de vergüenza por ello. Claro que, si no se les cae con lo del ERE, con nada más les puede pasar eso.
No es por nada, pero creo que la mayoría de nosotros nos merecemos a quienes nos gobiernan.
No hay comentarios:
Publicar un comentario