EL ORO DE FERRAZ

Publicado en Minuto Crucial el 25/9/2020

Hace unos años fue noticia la imposición de diversas condecoraciones militares a la Virgen, en algunas de sus diversas advocaciones,  por parte del entonces ministro de Interior con Rajoy, Jorge Fernández Díaz.

Lo estrambótico de ello en un estado aconfesional como el nuestro acaparó diversas críticas bastante razonadas en el sentido de que no son admisibles semejantes ceremonias en una sociedad como la actual.

 Pero ese reconocimiento a un ente para muchos inexistente y, desde luego, inocuo, es algo casi naif comparado con el que quiero citar hoy: el PSOE de Canarias nombró en enero pasado a Juan Negrín, expresidente de la República y Ministro de Hacienda, fallecido en 1956, Presidente de Honor del partido. Otra condecoración a alguien que tampoco existe.

 Si de la Virgen, los no creyentes no podemos decir que haya hecho cosas buenas ni malas, no se puede decir lo mismo de Juan Negrín, que de todo hizo.

 En 1936, la reserva de oro de España era la cuarta mayor del mundo. Con Negrín como Ministro de Hacienda al inicio de la guerra, y bajo sus órdenes, 510 toneladas de oro fueron sacadas del Banco de España y trasladadas principalmente a la URSS, pero también a Francia. Con ellas se pagaron las armas de Stalin, los aprovisionamientos de las milicias republicanas y, por supuesto, el exilio de muchos de sus dirigentes tras la contienda.

 El envío del oro a Moscú tuvo varios efectos: produjo una devaluación inmediata en la peseta por la falta de garantía de la moneda y una crisis económica a sumar a la bélica; no obtuvo los beneficios deseados que sí hubiera tenido si se hubiera trasladado a países más transparentes y fiables económicamente, como EEUU o Gran Bretaña y, por supuesto, ayudó a prolongar la guerra y, después, a alargar la posguerra al dejar al destrozado país sin reservas con las que poder reconstruirse de forma más rápida.

 Esas 510 toneladas de oro, al precio de hoy, equivaldrían a unos 27.000 MM de euros, 5000 más de lo que costó el rescate a Bankia.

 Estoy seguro de que el nombramiento como Presidente de Honor no lo ha sido por la actuación en sus últimos años. Negrín aportó, según algunos historiadores, alguna documentación que obraba en su poder para justificar los envíos y ver si así el nuevo Gobierno podía reclamar al menos parte de ese oro. Vano intento, por supuesto, pero le serviría, supongo, para redimir sus culpas ante su propia conciencia.

 A Negrín lo expulsó el PSOE, ya en el exilio, por desavenencias con Indalecio Prieto, pero le rinde honores hoy. También lo hace todos los días a Largo Caballero, que dejó escrito que su modelo de socialismo era el de Unión Soviética y que habría que llegar a él aunque fuera de forma violenta, palabras que no se recuerdan nunca en los homenajes que se le hacen en el Cementerio Civil de Madrid, donde está enterrado, junto a una avenida que lleva su nombre.

 Como también reconocen la labor de la condenada y condenable Junta de Andalucía del PSOE, implicada en el atraco de 680 MM de euros a las arcas públicas. No en vano, el PSOE sigue apoyando la honradez de Chaves o Griñán y Sánchez ha nombrado a dos de sus consejeras como vicepresidenta y ministra. El caso de Montero, premiada con el Ministerio de Hacienda tras arruinar las cuentas de Andalucía, sería risible si no fuera dramático. Como vemos, la predilección del PSOE por este tipo de personas, que tanto y tan mal han hecho por la economía española, no es anecdótica sino una constante.

 El PSOE, como los Lannister, siempre paga sus deudas, aunque sea tarde. Desde el Banco de España hasta los ERE, pasando por  los intencionadamente olvidados casos Flick o Filesa, nunca han dejado de correr ríos de oro por la calle Ferraz.

 Oro público siempre, claro. O sea, el nuestro.

LA GALLINA DEL PINAR.

Publicado en Minuto Crucial el 17/9/2020

El pasado mes de noviembre, el presidente Sánchez, con mucha sorna, se preguntaba en una entrevista de quién depende la Fiscalía General del Estado, para afirmar “¡pues ya está!” cuando el periodista le contestaba que era del Gobierno.

 

Pues eso, que ya está. Algunos lo acaban de descubrir ahora, parece ser, y se llevan las manos a la cabeza.

 

En 1992, Felipe González nombró a Eligio Hernández Fiscal General. Apodado desde sus tiempos de lucha canaria como “el Pollo del Pinar”, ya había ocupado cargos en la administración socialista. Desde el principio fue cuestionado por irregularidades en el procedimiento y denunciado por sus propios compañeros a través de nada menos que tres asociaciones profesionales. Cesó en 1994 y en 1996 el Tribunal Supremo confirmó la ilegalidad de su nombramiento, por supuesto, ya sin ningún efecto práctico. La Justicia deja de serlo cuando no llega a tiempo.

 

Esta figura, clave en nuestro ordenamiento jurídico, siempre ha estado cuestionada por la forma arbitraria de su nombramiento a cargo del Gobierno en solitario. Elegir a una persona más por afinidades políticas que por sus capacidades profesionales ha sido la norma con todos los gobiernos desde el ’78. Del PP y del PSOE.

 

Cuando creíamos que nada podría superar el caso de Hernández,  llega 2020 y el Gobierno nombra nada menos que a su ministra de Justicia como Fiscal General del Estado. Y es cuando recordamos las palabras de Sánchez de unas semanas atrás. En estos momentos en los que hay tantas causas importantísimas pendientes en la Justicia, como la corrupción del PP y del PSOE o el ya maloliente asunto del “prusés”, nombrar a una persona “de la casa” parecía más necesario que nunca para este Gobierno.

 

A estas causas, se han sumado ahora los asuntos de la posible corrupción en Podemos y, por supuesto, las denuncias presentadas contra el Gobierno motivadas por el Covid-19.

 

Y claro, el nuevo fichaje no ha defraudado. Esta firme candidata al premio Zamora de este año está parando todos los balones que llegan a su portería: las demandas presentadas por la autorización de las manifestaciones del 8-M,  las denuncias contra miembros del Gobierno  en la gestión de la pandemia y las investigaciones sobre Podemos. Un auténtico pulpo bajo los palos.

 

El astronómico sueldo de 120.000 €/año, mucho mayor que el de ministra, lo tiene bien ganado. La Fiscal General del Estado se ha mostrado como una eficacísima Abogada Particular del Gobierno.

 

El nombramiento está recurrido por el Partido Popular ante el Tribunal Supremo pero, dada la experiencia citada al inicio, da igual cual sea su resolución. Ésta se producirá dentro de 2 ó 3 años, con Delgado sustituida, y no tendrá ningún efecto, ni siquiera electoral, ante unos ciudadanos anestesiados por el Covid-19 y la crisis económica y embelesados con el eterno espantajo de Franco.  O sea, a Sánchez el fichaje de Delgado le va a salir más rentable que al Real Madrid el de Cristiano Ronaldo.

 

Y tampoco son estos recursos al Supremo la solución al grave problema de politización del sistema judicial, que ha sido denunciada recientemente por el Consejo de Europa como “el talón de Aquiles de la Justicia española”.

 

Desde UPYD siempre hemos pedido una real y urgente despolitización y dimos ejemplo renunciando, cuanto estábamos en el Congreso, a participar en el mercadeo en el que ahora están inmersos los partidos: el de acordar los peones que nombra cada uno en el Consejo General del Poder Judicial. También para la Fiscalía General queremos otro sistema que dependa mucho más de los profesionales y mucho menos de los políticos.

 

Así sería muy difícil asistir al bochorno de ver a un reciente miembro del Poder Ejecutivo influir tan groseramente en la Justicia.

 

Por cierto, el “Pollo del Pinar” apoyó en enero a Dolores Delgado y manifestó que su nombramiento es un acierto de Sánchez.

 

Hay halagos que son auténticas condenas.

ESTE GOBIERNO ES IMPRESCINDIBLE

Publicado en Minutocrucial.com el 4/9/2020

Un compañero de trabajo, mi admirado y recordado Paco de Jaén, repetía a menudo aquello de que “el cementerio está lleno de gente imprescindible”. Lo decía de esa gente que se cree importantísima: empresarios o ejecutivos, altos o medianos, que no toman casi vacaciones o que nunca se van del todo, quedando siempre atentos al teléfono; maridos que creen que sin ellos su casa sería una catástrofe; empleados que guardan celosamente secretos de su empresa pensando que así se hacen más valiosos para sus jefes o jugadores de fútbol que creen que su club es grande gracias a ellos, entre otros.

Pues sí, el cementerio está lleno de ellos, así como de grandes jefes de estado, victoriosos generales, políticos de todo tipo, líderes religiosos y sociales… Gente que se ha ido y ha sido sustituida por otra y de la que a veces no queda ni el recuerdo.

Y ministros.  Pero eso no pasa con este Gobierno, en el que todos y cada uno de sus miembros y miembras son del todo imprescindibles, pero de verdad. No sé qué haríamos sin ellos pero también es verdad que unos más que otros. Porque quizá haya ministros contingentes pero hay algunos que son absolutamente necesarios.

Por ejemplo, Manuel Castells es el ministro de la UNED, que es la única universidad que depende del Estado. Las demás, como reconoció él mismo el 23 de abril, fecha en la que ya le perdimos la pista, ni siquiera lo hacen de las comunidades autónomas sino que hemos hecho de cada universidad casi una taifa, algunas de ellas con más superficie que el Estado del Vaticano y cuyo rector merecería el título de Jefe de Estado, que a veces tiene el poder de convocar o no a las Fuerzas de Seguridad o colocar a sus amigos y parientes.

El verano de Castells está siendo largo. Y ahora van y le ponen una reunión justo cuando acaban de operarle y a la que no ha podido ir, claro. A ver si al próximo trimestre, hombre…

También podemos hablar de Garzón. Poner a un comunista en Consumo es como poner a Gandhi como Capitán General del Ejército. No hay ningún gobierno realmente comunista (China no lo es, por mucho que lo parezca) en el que el consumo se haya convertido en el motor de la economía y se haya regulado de modo que beneficie a la población. Al contrario, en todos se ha deteriorado la vida y han conseguido que Cuba importe azúcar; Venezuela, gasolina y Corea del Norte… se muera de hambre. Algunos, como dice aquel chiste sobre el matrimonio, acabaron bien, como los de la RDA, Polonia o Rumanía, por ejemplo.

Garzón dejó escrito que el modelo de consumo cubano es el “único sostenible y tiene un alto desarrollo humano”. No podemos decir que nos oculte sus intenciones, desde luego. Pero de luna de miel se fue un mes a la capitalista Nueva Zelanda y se compró un piso de 200.000 € a las afueras de Madrid. Todo ello muy comunista… Y hay que tener en cuenta que el consumo es competencia, en su mayoría, de las entidades locales: comunidades y ayuntamientos. O sea, con que hiciera un horario de 9 a 13, lunes y miércoles, le sobraría tiempo.

Podría seguir con todos y cada uno de estos imprescindible pero hoy acabaré con Pedro Duque porque el espacio en un artículo, al contrario que el estelar, no es infinito. Duque se ha quedado con Ciencia e Innovación.  Si decíamos que Castell es el ministro de la UNED, de Duque podríamos decir que es el ministro del CSIC, Centro Superior de Investigaciones Científicas y algunos institutos más, como el CIEMAT, que no es poco, pero que tampoco dan para un ministerio.

En épocas pasadas, y hasta la Transición, estaba la figura del ministro sin cartera. De hecho, el tercer Gobierno de Suárez, en 1979 tenía 24 ministros, sólo uno más que éste, seis de ellos sin cartera. Como ahora, más o menos.

 Lo curioso es que estos casi ministros cobran lo mismo que la ministra de Defensa, la de Hacienda o la de Exteriores, qué sí son competencias exclusivas estatales.

Teniendo en cuenta que estamos entre los estados más descentralizados de la Unión Europea, en el que tenemos 17 sistemas sanitarios desconectados informáticamente entre sí, 17 sistemas educativos o varias policías autonómicas y estatales con funciones a veces solapadas y con dificultades de comunicación, aún es difícil pensar qué haríamos sin alguno de estos 23 ministros.

Ojalá no nos falten nunca.

FIRMADO: MIGUEL BLESA DE LA PARRA.

Publicado en Minutocrucial.com el 11/9/2020

Serrat habla de aquellas pequeñas cosas del pasado que podemos encontrar en un rincón, en un papel o en un cajón. Es éste el caso. Ordenando papeles, me ha sobresaltado uno muy especial: tengo en mis manos la carta que me dirigió el 30 de junio de 2005 Miguel Blesa, presidente entonces de Caja Madrid, felicitándome por el inminente cumplimiento de mis primeros 25 años en la Entidad, al mes siguiente.

Esa misiva está encabezada por un “Querido Alfonso” de su puño y letra y acaba, también de igual manera, con un “Enhorabuena y un fuerte abrazo”. Y firmada por él, por supuesto.

Impresiona mucho, la verdad, saber que la mano que rubricó esto es la misma con la que, años más tarde, sujetaría la escopeta con la que se quitó la vida. Reconozco que he estado unos minutos en estado de shock.

La memoria de casi todos los muertos, en lo personal, merece respeto. La de Miguel Blesa, también, por supuesto.

Pero esto es en lo personal. Aparte de eso, no lo merece la banda de desalmados, entre los que se encontraba, que atracaron las Cajas de Ahorro sin pasamontañas y sin medias en la cara, llevándose por delante 300 años de historia de dedicación a las clases populares y de aportación a la sociedad a través de las Obras Sociales, que fue para lo que se crearon. Y él no era de los peores. Después de que las ratas y buitres locales (luego hablaremos de ellos) y nacionales se abatieran sobre ellas, sus despojos han tenido que ser malvendidos al sector bancario, que esperaba ávido a que cayera su competencia. Porque hay que recordar que las Cajas llegaron a ser hace menos de 20 años más del 50 % del sector financiero en España. Algo que no se podía perdonar desde la banca.

Cada Caja habrá tenido su historia y no las conozco todas. Sí sé que han sobrevivido con dignidad sólo las más despolitizadas, como La Caixa (ahora convertida en Caixabank), Caixa Pollensa y Caixa Ontinyent.

Yo tuve la suerte de vivir la primera época y la desgracia de padecer la segunda y las consecuencias laborales de la misma.

El llamado “capitalismo de amiguetes” de los ‘90 y 2000 fue posible por las reformas legales de las Cajas de Ahorro en los años 1977 (Fuentes Quintana), ‘81 y ‘86, que tergiversaron su papel equiparando su funcionamiento a la banca, que no su gestión y su estructura de balance. Y, sobre todo, por la voracidad de las Comunidades Autónomas, que cayeron sobre ellas como piojos en limpio, con una voracidad y falta de escrúpulos digna de muchos años de cárcel, amparadas por el Banco de España y resto de reguladores en los que, por supuesto, nadie se ha suicidado ni falta que les ha hecho.

Debemos pocas cosas buenas a las CC.AA. y muchas malas. Con seguridad, una de las peores es ésta, la liquidación de las Cajas. Los jefecillos de cada taifa vieron los cielos abiertos en cuanto se les abrieron también las cajas acorazadas de ese 52 % del sistema financiero español y se apresuraron a colocar a sus fieles al frente.

Tardaron minutos en darse cuenta de que eso serviría para financiar proyectos locales y particulares, no con fines de utilidad pública, sino con las nada secretas intenciones de levantar, por ejemplo, magnas edificaciones faraónicas inútiles que cumplirían la doble función de meter dinero en el bolsillo a los amigos y de quedar para la posteridad a mayor gloria del cacique local. Y ejemplos de ello los tenemos en todas las provincias españolas.

El criterio de riesgos profesional para esas operaciones fue sustituido por el político. El mismo criterio que hacía y hace que, por ejemplo, cualquier financiación solicitada por un partido político, un medio de comunicación o un club deportivo, fuera resuelta por el Comité de Dirección, el más alto de todos dentro de la Entidad, o sea, el Presidente turno y sus más cercanos. En sus decisiones no pesan tanto las decisiones profesionales de posibilidades de devolución del importe. Pesa la trascendencia política de conceder o no esas operaciones. En Valencia, por ejemplo, saben mucho de esto con las financiaciones sucesivas a clubs de fútbol a través de mecanismos de ingeniería financiera dignos de mejor fin.

En Caja Madrid, el último presidente que ejerció su función con criterio profesional, a pesar de ser nombrado ya por unos órganos completamente politizados, fue el antecesor de Miguel Blesa, Jaime Terceiro Lomba, en los tiempos de Joaquín Leguina al frente de la Comunidad de Madrid.

Fue propuesto formalmente por su antecesor, Felipe Ruiz de Velasco, que ocupó 12 años ese cargo y bendecido también por D. Mateo Ruiz Oriol, predecesor, a su vez, de éste. Y eso fue porque era el idóneo para ese puesto y así lo demostró

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Jaime Terceiro, como digo, a pesar de ser un nombramiento político, demostró su capacidad, tacto, pericia y prudencia. Expandió la Entidad por toda España pero manteniendo siempre los pies en el suelo en forma de altos ratios de solvencia.

Lo que vino después con Blesa fue distinto. José María Aznar colocó a su amigo de la juventud, incluso por encima del criterio de sus compañeros del Partido Popular, donde no fue muy querido, precisamente. Blesa resultó ser el típico nuevo rico, ese pirata al que todos imaginamos sonriente sobre un cofre lleno de oro en la Isla Tortuga disfrutando de todos los placeres terrenales y dejando que los doblones resbalen entre sus dedos. Se rodeó de brillantes profesionales pero los encaminó hacia el abismo.

Miguel Blesa cambió pronto eso que cambian siempre los nuevos ricos, las tres ces: casa, coche y compañera. Las tres salieron de Caja Madrid, por cierto. Lo que no se imaginaba cuando me firmó esa felicitación es que la impunidad iba a acabársele 12 años más tarde y de muy mala manera.

Para ser honestos, creo que es el único que sintió vergüenza, aunque tardía y mal gestionada. Y eso hay que reconocérselo.

Espero que esté donde se merezca.

CAYETANA Y EL GRISÚ

En la minería de carbón del siglo XIX y principios del XX se usaban animales, especialmente canarios, para advertir sobre la presencia del peligroso gas grisú, una mezcla de metano y dióxido de carbono, tan mortal como invisible e inodora. Como este gas es más pesado que el aire, se ponían los canarios en el suelo y si morían era la señal de que había que salir corriendo porque el ambiente se ponía irrespirable.

Cayetana Álvarez de Toledo ha sido durante los últimos dos años mi canario en el Partido Popular. Como Albiol y, en menor medida, como Iturgaiz. Hubo otros, como María San Gil, que notaron pronto ese gas.

Con ellos ahí, personas como yo o como Rosa Díez, por ejemplo, hemos confiado en que el PP podría haber superado sus miedos y autolimitaciones para abordar, ahora sí con valentía, los asuntos de Estado. Desde nuestras diferencias, porque no estamos en la misma línea política, algunos hemos visto que en ciertos asuntos el PP estaba ahora por la labor de dar la batalla al extremismo que nos amenaza, en lugar de meter la cabeza bajo el ala, como hiciera Rajoy.

Craso error, el nuestro y el de muchos más.

El poder paga bien a los suyos. Los dos partidos principales desde la Transición se han encargado de centrifugar a los llamados “versos sueltos”. Por no hablar de la corrupción, claro. En el PSOE expulsaron a Pablo Castellano en 1987 por denunciar corrupción interna. Desde entonces, docenas de condenas han manchado al partido del puño y la rosa, entre ellas la de los ERE, la mayor condena por corrupción jamás impuesta en España. En el PP no necesitaron expulsar a nadie porque su selección de personal era mucho más certera: sólo subían los incondicionales y han tenido muy pocas denuncias internas, por no decir ninguna. Sólo gente extravagante como Marjaliza o Marcos Benavent, el “yonqui del dinero”, que han cantado cuando ya se han visto tras los barrotes, pero nadie desde dentro había advertido de nada de aquello públicamente.

Pero, sin necesidad de tocar temas monetarios que han dado para varios libros, tanto PP como PSOE mantienen una estructura férrea donde sólo está permitido el aplauso al jefe y lo demás se considera, como bien le ha dicho Casado a Álvarez de Toledo, “poner en cuestión la autoridad” del líder.

Los partidos instalados en el Congreso ahora no son la representación de un conjunto de personas con motivaciones políticas dispuestas a mejorar la situación de España, sino simples estructuras piramidales de poder, herramientas, muy subvencionadas por cierto, para alcanzar la cima y mantenerse. Y para eso no se necesitan librepensadores ni gente que diga la verdad, ni personas cultas, ni valientes… De hecho, estorban. Sólo se necesita obediencia. No quieren a nadie que le recuerde a su líder que es mortal.

Hace un tiempo se habló de la posibilidad de que Feijóo optara al puesto de Presidente del PP. El gallego no ha necesitado hacer eso personalmente y tiene todo atado y bien atado en Madrid. Para qué complicarse la vida cuando ya tiene en Génova a un propio para estas cosas.

El cese de Cayetana recuerda por fuerza a la salida de Rosa Díez del PSOE de Zapatero en 2007. No es casual que ambos hechos hayan sido por las mismas razones: el abandono por parte de sus partidos de sus ideas tradicionales, el acomplejamiento acomodaticio, el miedo a la opinión publicada, el dejarse llevar por una corriente progre y el acoso que ambas sufrieron desde las estructuras de su propio partido durante meses por parte de los genuflexos y de los que esperan la galleta y la palmada en la espalda del líder. Y la recompensa en forma de prebenda.

Ha ganado lo gris, lo acomodaticio, lo cobarde, lo vulgar. Incluso lo zafio. Han triunfado los templadores de gaitas, los marianistas que tanto mal han hecho a este centro derecha de cartón-piedra que demostró todo lo que sabe hacer en aquella aplicación acomplejada del art. 155 en Cataluña, que no sólo no sirvió para nada, sino que agravó la situación que, en teoría, pretendía remediar.

A Cayetana la ha cesado el dúo Sánchez-Iglesias en connivencia con los marianistas, la quinta columna de la socialdemocracia del PP, a la que siempre ha aludido Esperanza Aguirre y de cuyas afirmaciones se reían muchos. Casado sólo ha ejercido de portavoz de todos ellos.

Esta maniobra ha sido como si los británicos hubieran preferido en 1940 cesar a Churchill para poner a Chamberlain.

Con el cese de Cayetana no sólo ha perdido el Partido Popular, hemos perdido todos los que amamos España, las libertades individuales, la dignidad, la verdad y el verbo ágil, certero y valiente en el Congreso.

La última cobardía del PP es la de no apoyar a Cayetana con el recurso que ésta ha presentado ante el Constitucional contra el borrado de sus palabras de la sesión del Congreso en la que dijo que el padre de Iglesias era un terrorista. Y la última bajeza, la de pretender comprarla ofreciéndole la presidencia de una fundación.

Con Cayetana, a todos se nos ha muerto el canario del Partido Popular. Ahora sabemos, sin lugar a dudas, que el grisú ha vuelto, si es que alguna vez se fue, a la sede de Génova a hacer el ambiente irrespirable para la libertad y para la necesaria batalla de las ideas y de la cultura, como bien ha denunciado la ahora cesada.

El PP nunca se ha merecido a Álvarez de Toledo. Ni a nosotros.

Publicado en minutocrucial.com el 19/8/2020

PODEMOS ES INOCENTE

(Publicado también en minutocrucial.com)

Claro que lo es. Inocente, como todos, hasta que se demuestre lo contrario. Es inocente porque en España las culpabilidades no las deciden los gobiernos ni los diputados, sino los tribunales.

Por fortuna, tenemos un Estado que no ha sido diseñado por un régimen comunista, como esos en los que la decisión del líder basta para ir a un campo de concentración o para ser asesinado aun después de rendirse, como le sucedió a Óscar Pérez en Venezuela. Un Estado en el que hay libertad de prensa y la existencia de medios privados no ataca la libertad de expresión, al contrario de lo que aseguraba Iglesias en su época abiertamente chavista.

Tenemos también un Estado garantista en el que hacen falta pruebas para condenar a alguien, al revés de lo que se está haciendo con el Rey Juan Carlos, en un movimiento instigado desde filas podemitas y nacionalistas, cuyas sentencias se pueden recurrir a diferentes niveles.

De lo que sí es culpable es de aumentar el extremismo en la política española, de tensionar la sociedad. Es culpable de subirse a lomos del zapaterismo bobo y engolado, adelantándolo por la izquierda, y de crispar la sociedad hasta niveles no vistos ni siquiera en los primeros años de la Transición. Tanto es así que ha procreado también en el PSOE, donde hay podemitas camuflados tan renombrados como Adriana Lastra o Ábalos, que lo mismo se fotografían con Bildu que le llevan las maletas a una ministra bolivariana, siempre con el peculiar estilo ácido y zafio en sus intervenciones de cualquier dirigente morado.

Desde que Podemos anidó en la política española, ahora en compañía de “nazionalistas”  y socialistas, se busca el revisionismo, el enfrentamiento continuo, el señalamiento y la subversión callejera.

La hoja de ruta es bien sencilla: primero, diferenciar; segundo, enfrentar; tercero, separar y, cuarto, reprimir.

Empiezan diferenciando en eso tan simplón como “los de arriba y los de abajo”, la casta y la gente, nosotros y ellos. Eso es política de garrafón, antipolítica. Pensamientos simples para receptores simples. Dejo para otro día lo de la transmutación de denunciantes de la casta a multimillonarios privilegiados.

El paso lógico siguiente es enfrentar. Los de abajo son los oprimidos y deben “asaltar el cielo” en el que habitan los de arriba, exacta y literalmente como sucede en la película “Elisyum”, en la que los pobres viven en la Tierra y los ricos en una estación espacial a la que aspiran a invadir los anteriores. El mensaje de Iglesias de “ya es hora de que el miedo cambie de bando” es exactamente eso: crear el odio necesario para hacer explotar los enfrentamientos e infundir miedo. Y de ahí los escraches a Rosa Díez, Cristina Cifuentes, organizadores de un homenaje a Cervantes en Barcelona o la persecución al Juez Llarena y su familia. Se trata de eso, de crear pánico entre la gente de bien para retorcer el brazo de la Libertad y la Justicia.

El tercer paso es separar, de ahí la alianza con los nacionalistas. Aquí han colaborado también el PSOE y el PP por su complicidad e inacción, no necesariamente siempre en ese orden. La voladura del Estado del 78 pasa por exacerbar las diferencias de todo tipo e inventarse otras. Los dos grandes partidos se lo pusieron fácil. Los términos “hecho diferencial”, “lengua propia” o “derechos históricos” tolerados por esos partidos han sido utilizados por Podemos para pedir abiertamente una república plurinacional (también la pide el PSOE en sus estatutos) y reconocer un derecho inventado, como el de la autodeterminación, derecho que ya llegan a pedir hasta para Andalucía en el colmo del absurdo.

Y después de separar, si algún día lo consiguen, vendrá la represión. Imaginen ser un castellanohablante en una Cataluña independiente. O que en un País Vasco también independiente quisieran fundar un partido que pida la reunificación con el resto de España. No vivirían mucho.

Con esta antipolítica se ha polarizado el voto y fomentado la abstención de la gente que huye de opciones asalvajadas. Con el etiquetaje de “veletas” o “chaqueteros” a los partidos de centro, se ha conseguido acomplejar a sus votantes en medio de una sociedad que ignora del todo para qué sirve un partido de centro, que han demostrado muchas veces su utilidad en el resto de Europa. Los que estamos ahí situados sabemos que ese electorado está entre avergonzado, impotente y atemorizado.

Con la alfombra roja puesta por la acción insidiosa de Zapatero y la inacción tancredista de Rajoy, el podemismo ha parasitado con éxito. En algunos lugares, como Galicia, ya se están deshaciendo de ellos, pero también a costa de aumentar el nacionalismo, que es una de sus caras.

Con esa nada brillante hoja de servicios de Podemos, lo de menos es si en la causa abierta por el juez Escalonilla serán declarados culpables o inocentes. Sinceramente, daría igual. El daño ya está hecho.

Eso es una anécdota en medio del perjuicio mayúsculo que el podemismo, en sentido extenso, está haciendo a España y a los españoles. Una España que haría mejor en huir de extremos y volver a la sensatez del centro, lejos de la barbarie y la confrontación y cerca de la colaboración y el apoyo mutuo, tan necesarios para los retos que tenemos por delante.

A VUELTAS CON LA "OKUPACIÓN" EN LA POBLA DE VALLBONA

En el último Pleno municipal  del ayuntamiento en donde vivo, La Pobla de Vallbona, Valencia, se ha aprobado por unanimidad una moción de Ciudadanos para combatir la ocupación ilegal, sobre la base de la propuesta que han presentado en el Congreso.

Como decimos, se ha aprobado por todos los partidos pero el voto de varios de ellos ha sido con la boca pequeña. Ha sido un “sí, pero…”. Dice una máxima que todo lo que hay en una frase antes del “pero” hay que considerarlo como no dicho. Y aquí funciona a la perfección.

No me parece correcto diferenciar la actitud ante las infracciones a la Ley según quien sea el infractor. Y mucho menos, según quién sea la víctima. Pero, claro… ¿de qué nos extrañamos? Eso mismo exactamente es la Ley de Violencia de Genero: una norma legal que trata de forma distinta a unas y a otras víctimas de la violencia intrafamiliar. Ley promovida por los mismos que se muestran reticentes a cualquier cambio en esta materia de la vivienda.

En UPYD tenemos en nuestras propuestas políticas la siguiente:

“Se promoverán las modificaciones legales suficientes para luchar contra la ocupación ilegal de inmuebles, haciendo que el desalojo tenga carácter inmediato cuando no se pueda justificar la misma por título documental alguno, teniendo estas actuaciones carácter preferente en los Juzgados de Guardia. Todo ello acompañado, cuando proceda, de la simultánea intervención de los Servicios Sociales.

Algunos de los concejales de diferentes partidos se han permitido enumerar en el pleno distintos tipos de ocupaciones ilegales para dar algo parecido a una justificación a unas frente a otras.

En UPYD consideramos que si alguien ocupa una vivienda sin título legal, debe ser expulsado “ipso facto” y luego, si lo desea, que solucione la controversia en un juzgado, pero la posesión de la vivienda debe ser entregada al titular al instante. Casi todas las “okupaciones” acaban con el destrozo de la vivienda y robo de enseres así que todo lo que no sea eso es un error.

El señor alcalde, de Compromis, se permite recordarnos el artículo 47 de la Constitución. La misma Constitución, por cierto, a cuyos actos de conmemoración en diciembre en el Congreso no asiste su partido.

Pero resulta que ese artículo dice exactamente: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.”

Lo que no pone por ninguna parte es que ese derecho tenga que ser gratis y, ni mucho menos, a costa de otro ciudadano, sea particular, empresa, banco o cualquier otro.  De modo que, aún en el caso de un alquiler impagado por una familia honrada que tiene problemas laborales, por ejemplo, el que NUNCA es responsable de ello es el propietario, sea éste quien sea y tenga sus cuentas saneadas o no. El propietario es siempre víctima, sea cual sea su identidad y situación. Porque en esa diferenciación subyace la aversión de la izquierda por empresas propietarias de inmuebles, algunas de ellas, como los bancos, muy a su pesar y que colaboran en lo posible para buscar siempre soluciones.

El derecho a la propiedad es absoluto y no debe relativizarse según la situación económica de cada propietario.

Por supuesto, se ha resaltado en el Pleno la escasez de competencias en la materia de los Ayuntamientos, algo evidente. Pero también resulta que, como decía mi padre a menudo, hace más el que quiere que el que puede. Son muchas las formas que tiene un Ayuntamiento de demostrar a los okupas que no son bienvenidos y de ayudar a los propietarios y a los vecinos. Algunas se van a tomar, dicen. Prevemos que serán insuficientes.

En España falta vivienda social. En UPYD también tenemos propuesta en ese sentido:

“Respecto a la vivienda pública, UPYD propone dinamizar el mercado del alquiler, de manera que el dinero público destinado a promoción de vivienda se dedicará de modo exclusivo a  esta modalidad y garantizando la protección jurídica tanto del arrendador como del arrendatario.”

Ahora, deprisa y corriendo, en esta localidad quieren crear una bolsa pública de alquileres pidiendo la colaboración de los ciudadanos, puesto que serían viviendas privadas.

Hace muchísimos años que una parte del presupuesto debería haber ido a tener viviendas en propiedad para este fin, tanto en las administraciones autonómicas como locales. En lugar de eso, se mantienen, por ejemplo, infinidad de subvenciones a asociaciones de dudosa utilidad y muy poco dudosa afección al poder municipal. También se ha aumentado esta legislatura los sueldos de los concejales. Medida que, por cierto, no figuraba en el programa de ninguno de los partidos que así lo han decidido.

Confío poco en que los mismos partidos que se muestran en redes sociales, en medios de comunicación, en el Congreso y también en los plenos municipales benevolentes con estas ilegalidades tomen en consideración cambiar las leyes de la forma necesaria. Se quedarán a medio camino, como casi siempre. No olvidemos que los partidos actualmente en el Gobierno tienen a Ada Colau como referente en esta materia.

Como digo, no tengo ninguna confianza. Hagan lo que hagan, llegarán tarde y mal.