Publicado en Minuto Crucial el 17/9/2020
El pasado mes de noviembre, el presidente Sánchez, con mucha sorna, se preguntaba en una entrevista de quién depende la Fiscalía General del Estado, para afirmar “¡pues ya está!” cuando el periodista le contestaba que era del Gobierno.
Pues eso, que ya está. Algunos lo acaban de descubrir ahora,
parece ser, y se llevan las manos a la cabeza.
En 1992, Felipe González nombró a Eligio Hernández Fiscal
General. Apodado desde sus tiempos de lucha canaria como “el Pollo del Pinar”,
ya había ocupado cargos en la administración socialista. Desde el principio fue
cuestionado por irregularidades en el procedimiento y denunciado por sus
propios compañeros a través de nada menos que tres asociaciones profesionales.
Cesó en 1994 y en 1996 el Tribunal Supremo confirmó la ilegalidad de su
nombramiento, por supuesto, ya sin ningún efecto práctico. La Justicia deja de
serlo cuando no llega a tiempo.
Esta figura, clave en nuestro ordenamiento jurídico, siempre
ha estado cuestionada por la forma arbitraria de su nombramiento a cargo del
Gobierno en solitario. Elegir a una persona más por afinidades políticas que
por sus capacidades profesionales ha sido la norma con todos los gobiernos
desde el ’78. Del PP y del PSOE.
Cuando creíamos que nada podría superar el caso de
Hernández, llega 2020 y el Gobierno
nombra nada menos que a su ministra de Justicia como Fiscal General del Estado.
Y es cuando recordamos las palabras de Sánchez de unas semanas atrás. En estos
momentos en los que hay tantas causas importantísimas pendientes en la
Justicia, como la corrupción del PP y del PSOE o el ya maloliente asunto del
“prusés”, nombrar a una persona “de la casa” parecía más necesario que nunca
para este Gobierno.
A estas causas, se han sumado ahora los asuntos de la posible
corrupción en Podemos y, por supuesto, las denuncias presentadas contra el
Gobierno motivadas por el Covid-19.
Y claro, el nuevo fichaje no ha defraudado. Esta firme
candidata al premio Zamora de este año está parando todos los balones que
llegan a su portería: las demandas presentadas por la autorización de las
manifestaciones del 8-M, las denuncias
contra miembros del Gobierno en la
gestión de la pandemia y las investigaciones sobre Podemos. Un auténtico pulpo
bajo los palos.
El astronómico sueldo de 120.000 €/año, mucho mayor que el de
ministra, lo tiene bien ganado. La Fiscal General del Estado se ha mostrado
como una eficacísima Abogada Particular del Gobierno.
El nombramiento está recurrido por el Partido Popular ante el
Tribunal Supremo pero, dada la experiencia citada al inicio, da igual cual sea su
resolución. Ésta se producirá dentro de 2 ó 3 años, con Delgado sustituida, y
no tendrá ningún efecto, ni siquiera electoral, ante unos ciudadanos
anestesiados por el Covid-19 y la crisis económica y embelesados con el eterno
espantajo de Franco. O sea, a Sánchez el
fichaje de Delgado le va a salir más rentable que al Real Madrid el de
Cristiano Ronaldo.
Y tampoco son estos recursos al Supremo la solución al grave
problema de politización del sistema judicial, que ha sido denunciada
recientemente por el Consejo de Europa como “el talón de Aquiles de la Justicia
española”.
Desde UPYD siempre hemos pedido una real y urgente
despolitización y dimos ejemplo renunciando, cuanto estábamos en el Congreso, a
participar en el mercadeo en el que ahora están inmersos los partidos: el de
acordar los peones que nombra cada uno en el Consejo General del Poder
Judicial. También para la Fiscalía General queremos otro sistema que dependa
mucho más de los profesionales y mucho menos de los políticos.
Así sería muy difícil asistir al bochorno de ver a un
reciente miembro del Poder Ejecutivo influir tan groseramente en la Justicia.
Por cierto, el “Pollo del Pinar” apoyó en enero a Dolores
Delgado y manifestó que su nombramiento es un acierto de Sánchez.
Hay halagos que son auténticas condenas.
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