En el último Pleno municipal
del ayuntamiento en donde vivo, La Pobla de Vallbona, Valencia, se ha aprobado
por unanimidad una moción de Ciudadanos para combatir la ocupación ilegal, sobre
la base de la propuesta que han presentado en el Congreso.
Como decimos, se ha aprobado por todos los partidos pero el
voto de varios de ellos ha sido con la boca pequeña. Ha sido un “sí, pero…”. Dice
una máxima que todo lo que hay en una frase antes del “pero” hay que
considerarlo como no dicho. Y aquí funciona a la perfección.
No me parece correcto diferenciar la actitud ante las
infracciones a la Ley según quien sea el infractor. Y mucho menos, según quién
sea la víctima. Pero, claro… ¿de qué nos extrañamos? Eso mismo exactamente es la
Ley de Violencia de Genero: una norma legal que trata de forma distinta a unas
y a otras víctimas de la violencia intrafamiliar. Ley promovida por los mismos
que se muestran reticentes a cualquier cambio en esta materia de la vivienda.
En UPYD tenemos en nuestras propuestas políticas la
siguiente:
“Se promoverán las modificaciones legales suficientes para
luchar contra la ocupación ilegal de inmuebles, haciendo que el desalojo tenga
carácter inmediato cuando no se pueda justificar la misma por título documental
alguno, teniendo estas actuaciones carácter preferente en los Juzgados de
Guardia. Todo ello acompañado, cuando proceda, de la simultánea
intervención de los Servicios Sociales.
Algunos de los concejales de diferentes partidos se han
permitido enumerar en el pleno distintos tipos de ocupaciones ilegales para dar
algo parecido a una justificación a unas frente a otras.
En UPYD consideramos que si alguien ocupa una vivienda sin
título legal, debe ser expulsado “ipso facto” y luego, si lo desea, que
solucione la controversia en un juzgado, pero la posesión de la vivienda debe
ser entregada al titular al instante. Casi todas las “okupaciones” acaban con
el destrozo de la vivienda y robo de enseres así que todo lo que no sea eso es
un error.
El señor alcalde, de Compromis, se permite recordarnos el artículo 47 de la Constitución. La misma Constitución, por cierto, a cuyos actos de conmemoración en diciembre en el Congreso no asiste su partido.
Pero resulta
que ese artículo dice exactamente: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y
adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y
establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando
la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la
especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción
urbanística de los entes públicos.”
Lo que no pone por ninguna parte es que ese derecho tenga que
ser gratis y, ni mucho menos, a costa de otro ciudadano, sea particular,
empresa, banco o cualquier otro. De modo
que, aún en el caso de un alquiler impagado por una familia honrada que tiene
problemas laborales, por ejemplo, el que NUNCA es responsable de ello es el
propietario, sea éste quien sea y tenga sus cuentas saneadas o no. El
propietario es siempre víctima, sea cual sea su identidad y situación. Porque
en esa diferenciación subyace la aversión de la izquierda por empresas
propietarias de inmuebles, algunas de ellas, como los bancos, muy a su pesar y que colaboran en lo posible para buscar siempre soluciones.
El derecho a la propiedad es absoluto y no debe relativizarse
según la situación económica de cada propietario.
Por supuesto, se ha resaltado en el Pleno la escasez de
competencias en la materia de los Ayuntamientos, algo evidente. Pero también
resulta que, como decía mi padre a menudo, hace más el que quiere que el que
puede. Son muchas las formas que tiene un Ayuntamiento de demostrar a los
okupas que no son bienvenidos y de ayudar a los propietarios y a los vecinos.
Algunas se van a tomar, dicen. Prevemos que serán insuficientes.
En España falta vivienda social. En UPYD también tenemos
propuesta en ese sentido:
“Respecto a la vivienda pública, UPYD propone dinamizar el
mercado del alquiler, de manera que el dinero público destinado a promoción de
vivienda se dedicará de modo exclusivo a esta modalidad y garantizando la protección
jurídica tanto del arrendador como del arrendatario.”
Ahora, deprisa y corriendo, en esta localidad quieren crear una bolsa
pública de alquileres pidiendo la colaboración de los ciudadanos, puesto que
serían viviendas privadas.
Hace muchísimos años que una parte del presupuesto debería haber ido a
tener viviendas en propiedad para este fin, tanto en las administraciones autonómicas
como locales. En lugar de eso, se mantienen, por ejemplo, infinidad de
subvenciones a asociaciones de dudosa utilidad y muy poco dudosa afección al
poder municipal. También se ha aumentado esta legislatura los sueldos de los
concejales. Medida que, por cierto, no figuraba en el programa de ninguno de los partidos que así lo han decidido.
Confío poco en que los mismos
partidos que se muestran en redes sociales, en medios de comunicación, en el
Congreso y también en los plenos municipales benevolentes con estas ilegalidades
tomen en consideración cambiar las leyes de la forma necesaria. Se quedarán a
medio camino, como casi siempre. No olvidemos que los partidos actualmente en
el Gobierno tienen a Ada Colau como referente en esta materia.
Como digo, no tengo ninguna confianza. Hagan lo que hagan, llegarán
tarde y mal.
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