Publicado en Minuto Crucial el 15/10/2021
Si España fuera un donut, Madrid no existiría. Esa frase taaaaaaaan
ingeniosa la hemos oído desde siempre a periféricos más o menos achispados. A
personas que cargan contra “Madriz” o “Madrit” con una falsa superioridad que,
en realidad, responde a envidias o complejos que sus psicólogos no han sabido
tratar. Ser la capital desde 1561 no es gratis y escuchar estas idioteces
forman parte del precio que los madrileños pagamos por ese pecado. Eso y ser el
manifestódromo de todos los ofendiditos nacionales e importados.
Los escasos y cortos periodos en los que, desde entonces, estuvo
fuera la capitalidad fueron bien por los intereses especulativos del Duque de
Lerma, bien por la guerra contra el francés de 1808, con las Cortes de Cádiz, o
durante la Guerra Civil, cuando el gobierno republicano se trasladó a Valencia
como paso previo a su obligado exilio. Fuera
de esos 3 breves periodos, en Madrid se ha concentrado siempre la
administración del Estado. Una decisión racional motivada sobre todo por la
situación geográfica dentro de la península ibérica y que buscaba,
precisamente, servir de unión y contrapeso necesario entre diversas partes de
España.
Pues bien: hete aquí que, en lo que muchos consideran el
estado más descentralizado de Europa, el Gobierno actual considera necesario el
traslado físico de organismos, instituciones o empresas públicas a otros
lugares. Las razones que esgrimen son dos, a cual más torticera: Por un lado
aseguran que es para que toda España se sienta partícipe del Estado y apoyar la
concordia y, por otro, para combatir ese falso concepto tan “2030” que es el de
la “España vaciada”.
Y ambas cosas son mentira. Por un lado, el que haya un menor
sentimiento de españolidad no es culpa de que las instituciones estén en
Madrid. Es culpa de una política errada (y también herrada) de abandono de lo que nos une. El otorgar a
los presidentes autonómicos la representación del Estado en sus territorios,
como dice la Constitución, no ha servido más que para que desde sus cargos se
pueda dinamitar el Estado mismo y sus fundamentos, como se ha visto en Cataluña
y se ve cada día desde Asturias a Baleares y desde el País Vasco a la Comunidad
Valenciana. Por ejemplo, Urkullu, que no se siente español sino sólo vasco, o
Aragonés, que no se siente español sino sólo catalán, no pueden ser los
representantes del Estado en sus territorios. Que ya sólo esas declaraciones
deberían bastar para inhabilitarlos.
Por otro lado, lo de combatir la despoblación de las zonas
rurales no se hace llevando la Dirección General de Política Energética y Minas
a León o la Secretaría General de Pesca a Sanlúcar de Barrameda. Entre otras
cosas porque no lo van a hacer. Es una falacia pensar que, como si esto fuera
la China de Mao, se puede trasladar a miles de funcionarios de un lugar a otro
sin protesta alguna. Como si al señor que opositó y trabaja para el Museo de
Arqueología de Madrid, le venga estupendo trasladarse a Fregenal de la Sierra,
por otra parte, precioso pueblo pacense.
Nos quedaremos sin ver el Traslado de Ministerio de Defensa
a Melilla; el de Interior, al Barrio del
Raval, antiguo “barrio chino”, en Barcelona; el de Universidades, a las 3000
viviendas de Sevilla; el de Trabajo, a Marinaleda; el de Justicia, a Hernani;
el de Cultura, a Magaluf o la Secretaría
de Estado Turismo a Benidorm. O a lo mejor es que van a obligar, por
decreto, a trasladar las funciones de ‘El Rey León’ (diez años lleva ya) a
otros lugares. Importantes ciudades en las que algunos otros musicales que han
durado también años en Madrid, o incluso han estado varias veces, han aguantado
sólo 2 semanas y sin llenar. ¿De eso también tenemos la culpa en Madrid?
Y no, tampoco es eso lo que quieren. Lo que van a hacer los
mismos que lamentan la fuga de empresas
privadas de Cataluña es trasladar las públicas, o los organismos que
deseen, a sus nichos de votos. No a pueblos o ciudades pequeñas para
beneficiarlos, sino a lugares importantes y ya poblados cuyo voto interesa fidelizar para
beneficiarse ellos. Por ejemplo, a Valencia. Es prácticamente seguro que en el próximo Congreso del PSOE, a celebrar
en esa ciudad, se anunciará algo en este sentido, así que no se rían de lo
Benidorm que dije antes. No es la valenciana, precisamente, una comunidad
con problemas de despoblación. Lo que si sucede es que las encuestas dan un
empate técnico en las próximas elecciones, con grave riesgo de que una alianza
PP-VOX acabe con el vergonzante pacto del Zoológico, digo… del Botánico.
Es sólo ese interés electoral el que mueve todas y cada una
de las decisiones de este Gobierno. El mismo interés que hace que haya ido su
presidente cuatro veces a La Palma pero que no fuera ni una sola al Zendal, a
los hospitales de Madrid en pandemia o a
inspeccionar los daños causados por Filomena.
No quieren descentralizar. Quieren comprar votos. Si quisieran ayudar a la España despoblada,
fomentarían las comunicaciones en una Extremadura que aún tiene vías de tren
del s. XIX y llevarían el AVE a Portugal, nuestro hermano atlántico. O
fomentarían la extensión de nuevas tecnologías a zonas rurales, crearían
semilleros de empresas de industria agropecuaria en Andalucía, Castilla y León
o Aragón. O fomentarían la creación de
filiales de grandes empresas en territorios menos poblados, asegurando un mejor
trato fiscal, excelentes comunicaciones y facilitando infraestructura y suelo
gratis, que lo hay en abundancia, durante 40 o 70 años, sin pasar por las miles de ventanillas
locales, provinciales, autonómicas y nacionales que son necesarias para
cualquier trámite. Hay muchas cosas que se pueden hacer y que no harán.
Nada queda hoy de aquel espíritu de la Generación del 98, la
que, desde todas partes de España, buscó definir su identidad centrándose en
Castilla, en sus gentes austeras, en sus
costumbres, en su tradición y en sus llanuras ya entonces despobladas. Ahora es un insulto común entre los
independentistas catalanes, cuyos votos sostienen a este gobierno, llamarnos a
los demás “castellanos”, con ese retintín que les sale del odio inoculado
lentamente durante los últimos 40 años y permitido por gobiernos indolentes del
PP y cómplices del PSOE.
Como dice Ayuso, a Madrid lo dan ya por perdido. Ya sólo les
queda rentabilizar esa pérdida despedazándolo
y repartiendo sus miembros entre los secuaces, que esperan con las
fauces abiertas, del Gobierno más antiespañol, más cobarde y más traidor que
hemos tenido desde Fernando VII.
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